Para el último trimestre de 2021, Cáritas de Venezuela identificaba 13% de casos de desnutrición aguda grave en algunas parroquias del país. «Esto satura los posibles servicios de atención y conducen a estos niños a sufrir enfermedades mucho más graves e incluso a morir», resaltó la investigadora Susana Raffalli
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) registró, a través de sus socios, 1.179 casos de desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco años durante enero y febrero de 2022.
En su último reporte, OCHA destaca que los casos se ubicaron en 20 de los 23 estados del país, de los cuales Bolívar y Miranda agrupan el 45%. Todos estos niños y niñas recibieron tratamiento a través de las organizaciones socias de Naciones Unidas.
El tamizaje (mediciones de peso y talla) hecho en todo el país demuestra que la desnutrición aguda se ubica en 10% en algunas localidades de Barinas, Delta Amacuro y Táchira. «Esto incluye algunos casos complicados de desnutrición aguda severa que requirieron atención intrahospitalaria».
Además, 891 niños y niñas mayores de cinco años y adolescentes fueron diagnosticados con delgadez y recibieron acompañamiento nutricional para la recuperación del peso adecuado, mientras que 460 mujeres embarazadas fueron identificadas con bajo peso gestacional y tratadas en los centros de salud y por los socios de OCHA.
Para el último trimestre de 2021, Cáritas de Venezuela identificaba 13% de casos de desnutrición aguda grave en algunas parroquias del país. «Esto satura los posibles servicios de atención y conducen a estos niños a sufrir enfermedades mucho más graves e incluso a morir», resaltó la investigadora Susana Raffalli.
En este informe, la agencia de la ONU también resaltó que «el alto costo de los medicamentos e insumos nutricionales reduce la capacidad de respuesta de las organizaciones en el terreno, lo que limita el alcance del manejo comunitario de los casos de desnutrición aguda, algunos de los cuales terminan derivándose en la red pública de salud para su manejo y tratamiento».
Para OCHA, la falta de datos sobre el estado nutricional de la población también «dificulta el análisis de prioridades geográficas y el direccionamiento de la asistencia humanitaria en esta materia».
En 2022, hasta el 28 de febrero, la respuesta humanitaria alcanzó a 503.000 personas con algún tipo de asistencia en todos los estados de Venezuela, donde persisten los fallos en la prestación de servicios públicos, como en el suministro de la energía eléctrica especialmente al occidente del país.
Aunque hay mejor abastecimiento de combustible, «sigue habiendo escasez en los estados fronterizos como Amazonas, Bolívar, Táchira y Zulia. Ambos fallos impactan en las condiciones de vida de las personas más vulnerables y en las operaciones de los socios humanitarios».
«La inestabilidad del sistema eléctrico, que incluye apagones regulares, afecta directamente los centros de salud y la atención del paciente. Asimismo, se mantienen las fallas en el suministro de agua y otros servicios, lo que tiene consecuencias en la salud de la población», dice el reporte.
OCHA también resaltó la necesidad de asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales, insumos médicos y quirúrgicos y equipos para atender a la población necesitada, «lo que se dificulta en alguna medida debido a la extensión de los tiempos de nacionalización aplicados a la importación de fármacos».
Otro de los puntos que resaltó la agencia de Naciones Unidas es que los enfrentamientos entre grupos armados no estatales en Apure han generado nuevas necesidades humanitarias.
Varias agencias del sistema y sus socios están coordinando con las autoridades para aumentar el apoyo humanitario en el municipio Páez y otras zonas de ese estado. En febrero, atendieron en Guasdualito a 131 indígenas desplazados por esta violencia en sus comunidades en materia de alimentación, protección y nutrición.
Con información de Tal Cual