Exigencia de carta de buena conducta representa violación a derechos polìticos
Con más del 80% del país en contra, la celebración de elecciones regionales se vuelve un “terror” para Nicolás Maduro, ya que representaría una derrota de grandes dimensiones.
El doctor José Gregorio Zaá, especialista en materia electoral, señala que a Maduro le espanta medirse en cualquier confrontación electoral “porque absolutamente todas las encuestas que él ha mandado a realizar, indican que tiene un rechazo que está por encima del 80 por ciento de la población”.
El periodista especializado en temas comiciales, Eugenio Martínez, sostiene que el gobierno sabe que “perdería el grueso de gobernaciones”, por ello, a su juicio trabaja en mantener el control de los poderes ejecutivos de los estados, no llevando a cabo las elecciones de los Consejos Legislativos. “Desde el 2012 son manejadas por el chavismo”.
Por su parte, el diputado Williams Dávila, indica que con el hecho de que no se celebren votaciones de diputados regionales, se correría el riesgo de que permanezcan en manos del oficialismo.
Además de este obstáculo que pone el Consejo Nacional Electoral de no convocar comicios legislativos, lo cual es un acto ilegal, porque están amparados en la Constitución y vencidos desde año pasado, se agregan otras trabas, como el adelanto de los sufragios y la solicitud de una carta de buena conducta por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a los candidatos.
«Está claro que la estrategia es poner más trabas a la oposición y que no pueda presentar candidaturas unitarias. El CNE se ha venido comportando como un órgano administrativo del poder Ejecutivo más que como un poder independiente», contempló indicando que lo que se busca es dificultar el proceso de primarias por parte de la oposición”, asegura Martínez.
En paralelo para estos comicios, los candidatos deberán tener una carta de buena conducta, expedida por los miembros de la ANC para poder aspirar a alguna Gobernación, la cual de acuerdo con Diosdado Cabello, se otorgará a los que demuestren que “no incendiaron el país”.
Para el abogado constitucionalista, Joel Rodríguez Ramos, esto significa un acto ilegal, discriminatorio y antidemocrático. “La Asamblea Constituyente se instala para cambiar la estructura del estado, dictar una nueva constitución y una nueva legislación. No está para destituir a funcionarios públicos como ha ocurrido con la fiscal, ni para pedir certificados de buena conducta a los candidatos a gobernadores”, dijo.
Mientras que Jesús María Casal, asesor jurídico de la Asamblea Nacional, afirmó que tal acción de exigencia de constancia de conducta, representaría la violación de “todos” los derechos políticos de los aspirantes.
Fuente: Prensa Capriles/ Daniela Moros
Fecha: 21 de agosto de 2017