Cinco integrantes de la ONG Azul Positivo siguen detenidos y no han podido ver a sus abogados ni a sus familiares, como lo refiere el comunicado de la Oficina de Bachelet.
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresó este jueves 14 de enero en un comunicado su preocupación por los ataques contra organizaciones no gubernamentales, defensores de DDHH y medios de comunicación en el país, por lo que instaron al régimen de Nicolás Maduro a «dejar el acoso» hacia estos sectores.
El comunicado, firmado por la portavoz de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, se menciona la detención de seis integrantes de la ONG Azul Positivo, en el estado Zulia, luego de un allanamiento a la sede de esta organización que trabaja para atender la emergencia humanitaria, que afecta especialmente a personas con VIH.
La detención y encarcelamiento de los integrantes de Azul Positivo se produjo la noche del 12 de enero, mientras el gobernante Nicolás Maduro presentaba su Memoria y Cuenta. Oficiales de contrainteligencia militar y de la policía regional allanaron su sede, de donde extrajeron documentos. Cinco integrantes de la ONG siguen detenidos y no han podido ver a sus abogados ni a sus familiares, como lo refiere el comunicado de la Oficina de Bachelet.
«Esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior. Los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales», aseveró la Oacnudh.
Los cinco integrantes serían presentados este jueves 14 ante tribunales civiles, luego de que la jurisdicción militar declinara su competencia. Se desconocen los cargos de los que acusan a estas personas.
Además, señalaron que «es aún más desconcertante» que estas actuaciones de los cuerpos de seguridad «estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal».
También la Oficina de Bachelet mencionó los ataques contra al menos tres medios de comunicación el pasado 8 de enero, «cuando, supuestamente, funcionarios públicos confiscaron sus equipos, sellaron sus oficinas o intimidaron a su personal. Estos incidentes siguen a casos similares de periodistas acosados o intimidados, mientras funcionarios públicos han emitido una serie de declaraciones deslegitimando a los medios de comunicación. Hay informes cada vez más preocupantes de que los periodistas se están censurando a sí mismos por miedo».
Con información de Tal Cual