El 13 de julio de 2015, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Gustavo González López, anunció la activación de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), un plan de seguridad destinado a intervenir “las áreas donde operan grupos delincuenciales que se dedican a actividades de paramilitarismo colombiano, organización de bandas criminales, sicariato, extorsión y secuestro”.
El proyecto de seguridad, que según su planificación estaría segmentado en varios puntos del país, tuvo su inicio entre la Cota 905, Ciudad Tiuna y Betania IV.
La ideología del operativo es simple: pacificar las zonas populares, bajar los índices delictivo, neutralizar el tráfico de drogas y “paramilitarismo”, además de garantizar la seguridad de las personas en un país, que como refiere la oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es el segundo más violento del mundo con 72,4 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la estrategia de este procedimiento de seguridad no resultó como se esperaba.
A medida que los operativos fueron avanzando, las denuncias de abusos a los derechos humanos no se hicieron esperar. Las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y allanamientos injustificados se duplicaron, y hasta triplicaron, en comparación con años anteriores, cuando el plan de la OLP no estaba en funcionamiento.
“Las OLP se convirtieron en una política de exterminio. La sentencia de muerte se ha convertido en base de Estado. Este procedimiento falla porque no actúa en concordancia con los crímenes que se están cometiendo. Los procedimientos de la OLP no pueden estar diseñados para eliminar, sino tiene que tener un política de seguridad nacional para el Estado”, declaró el director del Observatorio del Delito Organizado y Paz Activa, Luis Cedeño, en entrevista a medio impreso nacional.
Otras ONG y expertos en el área criminal han proyectado todas las irregularidades durante los procedimientos de este plan de seguridad y difieren, en amplio margen, con las cifras otorgadas por los organismos del Estado.
“Organismos como el Ministerio Público han maquillado la cifra de las bajas en la presentación oficial de sus informes”, comentó el sociólogo Roberto Briceño León.
Sin disminuir la inseguridad
La Operación de Liberación y Protección del Pueblo es, como su nombre lo indica, un plan para salvaguardar las zonas del país afectadas por la inseguridad. Sin embargo, los resultados que ha generado son adversos.
En el balance anual de 2015, presentado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se registraron 17.778 asesinatos “culposos” (lo que es equivalente a 58,1 homicidios por cada 100.000 habitantes), 245 de ellos durante los primeros 5 meses de la OLP.
No obstante, estas cifras presentadas por el gobierno difieren con los balances de las ONG. El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) determinó que la cifra de asesinatos el año pasado fue de 27.875, mientras que el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó en su informe anual que además de los casos presentados por el Ministerio Público recibieron al menos denuncias que aumentan a 460 la cifra de denuncias contra el derecho a la vida el año pasado. Esto equivale a un aumento de 109% en relación con 2014.
“La Fiscal no incluyó en su informe anual el número de asesinatos por policías (en los enfrentamientos o extrajudicial), los que resultaron heridos en un intento de robo y ni todos los que cayeron en las Operaciones de Liberación del Pueblo que se han realizado en todo el país”, dijo el director de la ONG, Roberto Briceño León, días después que la Fiscal General presentara su Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional.
La representante del Ministerio Público también dio en la presentación del informe anual el balance de cuántas personas fueron asesinadas en los procedimientos de la OLP por estado. Carabobo, con 84 muertos, fue el estado donde más fallecidos dejó el operativo, seguido por Bolívar, con 49; Caracas con 27 y Miranda con 13.
Sin embargo, en las estadísticas del gobierno nacional no incluyeron en la lista de bajas a estados como Zulia que, donde el general Franklin García Duque (jefe de la Redi-Occidente), confirmó se registraron al menos 58 muertos durante los procedimientos de la OLP, sólo en enero de 2016.
En estados como Aragua, una de las zonas donde más se realizaron operativos, no se presentaron registros. La prensa reseñó que 14 personas fueron asesinadas en sólo tres procedimientos, todos en el sector de San Miguel.
El abuso de la fuerza policial
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz siempre ha promovido la labor de los cuerpos de seguridad que participan en la OLP. Las fuerza de seguridad que conforman estos procedimientos están integradas principalmente por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Para el criminólogo y especialista en seguridad ciudadana, Luis Izquiel, de todos esos cuerpos de seguridad, el único que debería estar participando en la OLP debería ser la PNB. El argumento, las fuerzas militares no están preparadas para la seguridad ciudadana si no para la destrucción del enemigo externo que atente contra la soberanía de la nación.
“En los últimos 17 años, casi todos los ministros de Interior y Justicia han sido militares. Este concepto, de estar preparados para una guerra, no ha servido para disminuir la criminalidad y no hay mayor evidencia que la que estamos viviendo”, dijo Izquiel.
El especialista resaltó que después del balance brindado por la Fiscal General de la República sobre la cifra de homicidios e inseguridad del año pasado, se pudo determinar que durante los procedimientos de la OLP las ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas sin ser presentados ante el Ministerio Público y los allanamientos injustificados aumentaron considerablemente, en relación con los años anteriores.
“Estos planes como la OLP pueden tener el mismo destino que el Plan Patria Segura. No tiene una logística determinada para salvaguardas a las personas, ni a los mismos funcionarios”, dijo.
A pesar de las constantes críticas sobre la participación de militares en los procedimientos de la OLP, la presencia militar en las zonas estratégicas parece mantenerse, luego de la activación de la segunda fase del operativo.
Izquiel también resaltó que la GNB, el Cicpc y el Sebin no son cuerpos de seguridad que deberían participar en los procedimientos de la OLP debido a que sus funciones son otras.
“El Cicpc es un policía de investigación. Su función es determinar cómo se cometió el crimen luego de que este ocurre y no el de entrar en acción directa en enfrentamientos con los delincuentes. El Sebin, por su parte, no tiene una definición legal que sustente sus operaciones. Extraoficialmente se sabe que es un organismo del gobierno nacional destinado a asumir labores de inteligencia para la defensa, pero no hay una escrito legal que lo avale”, explicó.
La única razón lógica de la participación de estos organismos de seguridad en las operaciones de la OLP es, para Izquiel, una necesidad de respuesta por parte del gobierno debido a que la PNB no cuenta con la preparación adecuada para intervenir en las zonas donde operan las bandas delictivas. “La Policía Nacional Bolivariana es un modelo, que desde su creación en 2009, nunca funcionó como se esperaba”, dijo.
El déficit de funcionarios y la falta de preparación son algunas de las razones por las que el criminólogo determina que la PNB le falta preparación para realizar un plan de pacificación en las zonas donde operan las bandas criminales. “Es por eso que vemos como en repetidas oportunidades hay funcionarios de seguridad implicados en el asesinato en las zonas populares durante estos procedimientos”, dijo.
Según el informe anual de Provea, fueron registrados 965 casos de violaciones al derecho a la integridad personal en 2015 por parte de las fuerzas de seguridad, la mayoría durante los procedimientos de la OLP.
En los datos manejados por el Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), el año pasado se documentaron 1.396 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que representó un aumento de 37% respecto el año anterior.
Esta ONG también señaló que de las presuntas violaciones por parte de organismo de seguridad, el Cicpc fue el que más presentó denuncias, al estar presente en 30% de los casos.
“Hay que dejar de hacer ‘planes’ en materia de seguridad ciudadana. Es necesario que el gobierno aplique una política de estado seria”, concluyó Izquiel.
Un verdadero plan de seguridad ciudadana
La Operación de Liberación del Pueblo no ha dado indicios de seguridad que pueda determinar que sea un éxito. La razón es simple, no ha conseguido cumplir con su principal requisito: la pacificación en la sociedad.
Para el sociólogo Roberto Briceño León, la OLP es un “fracaso social” ya que no disminuye la violencia o el delito, sino que lo incrementa. “Después de esa inmensa intervención que hacen en las zonas populares para tratar de preservar la seguridad, es evidente que no tiene resultados palpables. Llegan a los lugares donde hacen las requisas y después se retiran, sin ser conscientes del desastre que dejaron atrás”, dijo el también experto en el área de seguridad ciudadana.
“La violencia trae más violencia. La sociedad venezolana tiene que entender que la idea no es atacar al delito sino buscar la manera de prevenirlo, y eso va más allá de un plan que sólo fue lanzado en 2015 con fines electorales”, concluyó.
A pesar de las constantes críticas las OLP siguen siendo la gran apuesta del gobierno nacional en materia de seguridad. Y con las miradas puestas en alguno que otro proceso electoral (elecciones de gobernadores y alcaldes o referéndum revocatorio), argumento por el que se había implementado el año pasado, el procedimiento seguirá siendo aplicado con alguno que otro ajuste.
Ciudades como Caracas, Maturín y Valencia sigue liderando las listas de los lugares más violentos en el mundo, sin augurios gubernamentales sobre cambiar la situación en el país.
FUENTE: EL NACIONAL