La bancada del partido de gobierno (Psuv) y los diputados disidentes de oposición sirvieron la mesa para que una vez más el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sea el que designe a rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Abogados constitucionalistas advierten que el planteamiento de quienes ilegalmente tienen el control del Palacio Federal Legislativo para que se declare la omisión legislativa es contrario a lo expresado en la Carta Magna y no procede porque hay un Comité Preliminar en funciones.
El jurista y exparlamentario, Gerardo Blyde explicó que el artículo 336 del texto constitucional en su numeral 7, sobre las omisiones del Poder Legislativo señala que las únicas atribuciones que tiene el TSJ es establecer un plazo para que el órgano (AN), cumpla con su deber. “No tiene competencia constitucional para designar rectores”, advirtió.
En el artículo 336 sobre las atribuciones de la Sala Constitucional del TSJ, numeral 7, reza: Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.
“No hay omisión legislativa. El acto de ayer (sesión que encabezó la directiva paralela del Parlamento) no fue una sesión porque no tienen capacidad para conformar quorum, por lo tanto no puede haber una comisión especial designada”, expresó.
Por otro lado, señaló, los parlamentarios de la unidad son mayoría “por lo que no es una decisión (omisión legislativa) parlamentaria solicitar semejante acción (designar rectores) del TSJ, es una petición individual e inconstitucional de un diputado”, añadió.
Este martes 21 de enero, en la sesión de la junta directiva paralela presidida en horas de la mañana por el legislador Luis Parra, se nombró una comisión especial que intentará dialogar con los diputados leales a Juan Guaidó y que integran el Comité Preliminar para la constitución definitiva del Comité de Postulaciones Electorales (11 diputados más 10 miembros de la sociedad civil). También se planteó la omisión legislativa para que desde el gobierno del Poder Judicial se renueve al ente comicial, ante la falta de acuerdo en el Legislativo.
El parlamentario que hizo la solicitud, José Gregorio Aparicio argumentó que ningún bando en pugna tiene los votos necesarios (112) para renovar al ente comicial por lo que no quedaba otra opción que la intervención del máximo tribunal. Desde la fracción chavista se alentó la propuesta.
Blyde aclaró que cualquier ciudadano puede acudir al TSJ para pedir se declare la omisión legislativa, pero aun así, reiteró, el alto Tribunal solo puede dar el plazo para el cumplimiento de las funciones y corregir errores en ese proceso pero no puede hacer los nombramientos.
Indicó que el hecho de que existe un Comité Preliminar en funciones desde noviembre y que aprobó un cronograma para escogencia de los 10 miembros de la sociedad civil necesarios para constituir el Comité de Postulaciones Electorales , significa que el Parlamento está asumiendo su potestad.
El Comité preliminar está integrado por 11 parlamentarios (de oposición y chavismo) que son Luis Aquiles Moreno, Stalin González, Piero Maroun, Gregorio Graterol, Olivia Lozano, además Ángel Medina y Franklin Duarte. También los pesuvistas Jesús Montilla, Williams Gil, Julio Chávez y Nosliw Rodríguez. Resta la incorporación de los ciudadanos postulados para que quede integrado el grupo que seleccionará a los rectores del Poder Electoral.
El 13 de diciembre de 2016, el gobierno del Poder Judicial, alegando que la AN estaba en desacato, designó a las rectoras Tania D’ Amelio y Socorro Hernández. Antes, por omisión legislativa y para evitar una “crisis institucional” en 2014, la Sala Constitucional nombró a Tibisay Lucena, actual presidenta del CNE, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón.
En 2003 fue el caso de Francisco Carrasquero (expresidente), Ezequiel Zamora (exvicepresidente), Oscar Battaglini, Jorge Rodríguez y Sobella Mejías, ante lo que la Sala calificó como vacío institucional porque la AN “omitió” nombrar a los rectores. Blyde recalcó que en cada una de las ocasiones se violó el orden constitucional.
Situación excepcional
Sobre la norma constitucional, el también abogado Gustavo Manzo interpreta que recurrir al TSJ para la designación de los rectores debería ser en una situación excepcional, pero parece que se ha vuelto una rutina injustificada como consecuencia de la diatriba política.
“Ya es común que el TSJ actúe cuando se trata de escoger al CNE y no está bien, algo está ocurriendo en nuestro sistema de instituciones que no permite que las cosas se den como la Constitución establece porque lo normal es que sea la AN la que designe rectores”, explica.
Expresa que es importante recordar con frecuencia que el problema en Venezuela no es jurídico porque el régimen manipula la Constitución y las leyes a su antojo, sino político.
De allí se explica, enfatizó, que una supuesta Asamblea presidida por Parra, que no tiene los votos, la legitimidad y la legalidad necesaria, pretenda imponer la intervención del Poder Judicial. Y además se quiera pasar por alto de forma autoritaria el trabajo del Comité Preliminar nombrado por mayoría parlamentaria y que está haciendo una labor.
“El tema del CNE es la expresión de la diatriba política que se traduce en no democracia y el control por parte de un régimen autoritario. Si se hace un test de democracia verificamos que no hay independencia de Poderes Públicos, el Poder Judicial está supeditado al Ejecutivo, no hay la posibilidad de elegir mediante el voto libre y otra serie de elementos”, dijo.
No descartar negociación
Ante el conflicto existente, los abogados señalan que al igual que sucedió con el Comité Preliminar, conformado por diputados de oposición y pro gobierno, en esta oportunidad no debería descartarse una negociación parlamentaria entre la mayoría de la unidad y la bancada chavista para la renovación de autoridades electorales.
El diputado Ángel Medina, quien encabeza el Comité Preliminar admitió que no existe voluntad política del lado del oficialismo para que ese acuerdo se concrete, pero dijo que extenderían “una mano política” en el esfuerzo de que el nuevo CNE salga de la AN y no se imponga desde el TSJ.
Pero el primer vicepresidente del Legislativo, Juan Pablo Guanipa no es optimista al respecto y en rueda de prensa el 22 de enero recordó que cada vez que la gestión de Maduro accede a negociar es solo para ganar tiempo a favor de su interés de perpetuarse en el poder.
Manzo agrega que hay motivos para ser pesimistas porque por la forma como está actuando el Gobierno todo indica que no están dispuestos a negociar el ente comicial. “Creo que ellos no quieren hacer ningún tipo de acuerdo, creo que ellos quieren nombrar a un CNE de acuerdo a sus intereses por medio del TSJ “.
Con información de Efecto Cocuyo