En su afán por controlar la Asamblea Nacional, el Ejecutivo “aplica el derecho penal del enemigo para perseguir a los diputados. El objetivo es anular al opositor, que para el gobierno es su enemigo”, advirtió Acceso a la Justicia.
La directora de la ONG, Laura Louza, indicó que, aunque el más reciente caso es el de José Manuel Olivares (PJ) y su familia, el acoso varía de blanco según la dinámica política y los intereses estratégicos que se toquen mediante denuncias puntuales sobre el ejercicio del poder.
“En el caso del diputado Olivares se le persigue por su actividad en el sector salud, pero antes ocurrió con Julio Borges, cuando presidió la Asamblea Nacional y eran los meses de protesta política en 2017; con Freddy Guevara y con otros, acusados de traición a la patria. El gobierno actúa, además, para enviar un mensaje ejemplarizante para los dirigentes que lo cuestionan”, indicó.
Louza sostuvo que se extiende a los diputados el mismo patrón que se ha aplicado contra la disidencia en diferentes sectores del país: “El derecho penal del enemigo convierte a los adversarios en ciudadanos sin derechos y limita su vida civil. Se trata de una práctica in crescendo y que fue institucionalizada con el Plan Zamora. De esa forma se prescinde de todo el que representa una amenaza”.
La directora de Acceso a la Justicia puntualizó que la línea del gobierno contra la AN ha sido constante mediante sentencias judiciales, como las 155 y 156 de 2017 que luego fueron corregidas; el argumento del desacato para anular leyes y frenar el envío de recursos, y, más recientemente, el anuncio del presidente de la constituyente, Diosdado Cabello, de solicitar el revocatorio contra algunos diputados.
“En su discurso, Diosdado Cabello ha sido claro en el sentido de que hay que acabar con el Parlamento. La línea ha estado clara, pero hasta ahora ha habido frenos políticos. Con su llegada a la ANC se evidencia, de forma más fuerte, el plan para destruir la Asamblea Nacional”, indicó.
El diputado Ángel Medina (PJ) señaló: “Hoy fue José Manuel Olivares, mañana puede ser cualquiera de nosotros, y ya lo han intentado contra varios diputados”. Afirmó que con la persecución a Olivares, quien debió salir del país a engrosar la lista de dirigentes en el exilio, “el gobierno se pasó de la raya y violentó la ética política al meterse con la familia del diputado; primero con su hermano y ahora con su esposa, con quien tiene un bebé de meses”.
Medina dijo que, dada la autocracia que existe en el país, la Asamblea Nacional “constituye una trinchera de lucha” del pueblo que mayoritariamente quiere cambio. El parlamentario cree que esta lucha persiste, pese a las maniobras gubernamentales por destruir al Poder Legislativo.
Provea indicó que el procedimiento contra la familia del diputado Olivares ha sido aplicado por el Sebin en otros casos: “Así actúa la dictadura cuando tiene dificultades para detener a alguien, van por su familia. Así lo vivió el alcalde Omar Lares”.
Con información de El Nacional