La represión marcó la jornada del sábado 23 de febrero, fecha en la que se esperaba que ingresara la ayuda humanitaria al país. Grupos irregulares y funcionarios de seguridad del Estado se plantaron en los puntos fronterizos e impidieron la entrada. Las ONG venezolanas dedicadas a la defensa del derecho a la salud no tardaron en pronunciarse contra el bloqueo de medicinas, insumos y alimentos.
“(Esto) es una demostración de lo criminal que puede llegar a ser un gobierno al quemar comidas y medicamentos. Una cosa es tener una diferencia política y otra distinta es llegar al extremo de mandar a quemar camiones ayuda internacional. Es condenable desde todo punto de vista”, dijo el director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), Francisco Valencia.
El activista por los derechos humanos y también paciente trasplantado aseguró que las acciones por parte del Estado este 23 de febrero deben “ser revisadas” por la comunidad internacional y la Organización de las Naciones Unidas.
“Debe existir, cuanto antes, un pronunciamiento de las Naciones Unidas y de todas las agencias de cooperación por este acto. Una cosa es bloquear la ayuda, que ya es criminal y otra, mucho más deplorable, quemarla”, afirmó Valencia.
Alberto Nieves, director de la ONG Acción Ciudadana contra el Sida (Accsi) y defensor de los derechos de las personas con VIH, ve con preocupación la negativa de la gestión de Nicolás Maduro de recibir la ayuda.
“Estamos sumamente alarmados. Maduro asume una posición preocupante y violatoria de los derechos humanos. La gente (los voluntarios) iba a cruzar la frontera de forma pacífica y traer medicinas para salvar vidas. La gestión de Maduro debe recapacitar y tener una actitud más responsable frente a la Constitución”, urgió Nieves.
Entre los insumos que se perdieron por el incendio había medicamentos, suero fisiológico e insulina para pacientes con diabetes, según informó el doctor Julio Castro, quien ha trabajado de cerca con la comisión de seguimiento de la ayuda humanitaria de la Asamblea Nacional.
Martha Palma Troconis, una de las fundadoras de Guerreros Azules, ONG que ayuda a pacientes diabéticos, lamentó los hechos del pasado sábado y aseguró que la ayuda ingresará eventualmente.
“Venezuela necesita esa ayuda humanitaria y es lamentable que no la dejen entrar, sobre todo a sabiendas que es una realidad la necesidad de la gente y que no se puede ocultar. Es una violación, es un crimen de lesa humanidad no dejarla pasar”, insistió.
La Asociación Civil Convite, que se ha enfocado en el acceso a la salud y los derechos de los adultos mayores, calificó el acto del 23 de febrero como una “expresión de barbarie, criminalidad e indolencia”.
Mediante sus redes sociales, la asociación dijo que las imágenes de la quema de la ayuda humanitaria muestra que la gestión de Nicolás Maduro hace daño de forma deliberada.
La organización Médicos Unidos de Venezuela, conformada por una red de galenos en todos los estados del país, también se pronunció este sábado y condenó la “violencia de Estado” que impidió la entrada al país de los primeros camiones de ayuda humanitaria.
También pidió a su red de voluntarios crear alianzas con ONG de carácter humanitario como Cáritas y Cruz Roja.
“Médicos Unidos de Venezuela reafirma su compromiso con toda esta Venezuela que sufre y en este sentido proponemos a todos los Médicos en el país, organizarse, instruirse y capacitarse en el tema de la ayuda humanitaria y el voluntariado, en documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos”, pidió la ONG en un comunicado.
Con información de Efecto Cocuyo