La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) no pudo entrar a Venezuela para verificar las situaciones de violaciones de derechos humanos por la negativa del gobierno de Nicolás Maduro.
Pero entre los representantes del organismo regional y distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) plantearon como alternativa no solo la presencia de los representantes de la Comisión en la frontera colombiana para intentar hablar con las víctimas sino el contacto por videoconferencia con quienes se vieron impedidos de trasladarse.
De los encuentros virtuales con madres y padres de pacientes y personal de salud del Hospital J.M de Los Ríos, con la Alianza de Familiares y Víctimas de Protestas de 2017 (Alfavic), así como parientes de los asesinados y reprimidos por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) en el estado Lara, entre otros, las ONG Prepara Familia y Provea destacaron el efecto reparador en las víctimas al ser escuchados y sentir empatía.
Así mismo, que la información recabada servirá de insumo para que se siga denunciando la situación internacionalmente y se exijan respuestas por parte del Estado. Además se verá reflejada en el próximo informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
“Ese encuentro directo es muy importante, para las víctimas al contar con oídos que escuchen y que sean sensibles a su testimonio, los miembros de la Cidh se emocionaron hasta las lágrimas. Se siente muy doloroso para los familiares de víctimas revivir cada una de las situaciones pero eso forma parte del camino para obtener justicia, ayuda a que no se sientan solos”, expresó el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui.
El también sociólogo resaltó que en su intento por ocultar información el gobierno de Nicolás Maduro dio pie a que al estar en la frontera colombo venezolana, los miembros de la Comisión pudieran constatar además el drama de la migración venezolana forzada. Conversaron con las ONG que los asisten en el sitio y visitaron refugios.
Deterioro avanzado
La directora de la ONG Prepara Familia, Katherine Martínez, resaltó que la presidenta de la comisión Esmeralda Arosemena de Troitiño manifestó estar muy impactada con los testimonios de los adolescentes que son pacientes del J.M de los Ríos, pues quedó evidenciado su sufrimiento.
Miembros de la CIDH conversaron con familiares del J.M de los Ríos el 8 de febrero
“Tenemos 14 servicios del hospital J.M de los Ríos con medidas cautelares de la Cidh que ya estaba al tanto de las condiciones porque las ONG nos hemos encargado de enviarle información, pero no es lo mismo escuchar a los afectados de primera mano”, dijo Martínez.
Detalló que en la conversación realizada este sábado 8 de febrero, se puso de relieve la profundización de la crisis en el hospital, la migración del personal de salud en su mayoría médicos y enfermeras, la situación precaria del Banco Municipal de Sangre y con ello la falta de transfusiones y la suspensión del servicio de hematología, cierre de consultas, la ausencia de trasplantes de médula ósea, de riñón.
“El hecho de que el Estado no cumple, está de espaldas pese a las múltiples peticiones, las medidas cautelares de la Cidh y las muertes registradas. Estos encuentros servirán para seguir adelante, seguir denunciando y alertando hasta que la situación sea atendida”, agregó.
Denegación de justicia
En el intercambio de la Cidh con familiares de personas asesinadas durante las manifestaciones antigubernamentales de abril a julio de 2017, agrupadas en Alfavic y de las víctimas de las Faes, específicamente en Lara, Uzcátegui informó que se describió todo el proceso de denegación de justicia por parte del Estado, el irrespeto al debido proceso, la imposibilidad de acceder a los expedientes de los casos.
Familiares denunciaron impunidad en asesinatos de 2017 y a manos de las FAES.
“Uno de los argumentos del Estado es que se está investigando pero eso tiene plazos que no se han cumplido, hay un estancamiento que favorece la impunidad. No hay voluntad política para resolver el problema y la falta de investigación es uno de los elementos importantes para pedir la actuación de la Corte Penal Internacional”, subrayó Uzcátegui.
Los familiares denunciaron igualmente ante los miembros de la Cidh las amenazas y el hostigamiento que sufren cada vez que intentan presionar a las autoridades.
Con información de Efecto Cocuyo