Dice el artículo 21 de la resolución 113 del Ministerio del Interior, vigente desde el 18 de abril de 2011, lo siguiente: “(Los efectivos en funciones de contención de manifestaciones y orden público) extremarán las precauciones para el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada y se abstendrán de propulsarlos en forma directa contra las personas, evitando sus consecuencias letales o lesivas. No emplearán la fuerza contra las personas que se retiren o caen mientras corren y que no participan en actos violentos salvo la estrictamente necesaria para efectuar una aprehensión en caso de flagrancia en la comisión de un delito”.
En un video divulgado ayer por una alianza de siete organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, quedó claro el incumplimiento de dicha resolución por funcionarios de la PNB y de la GNB, que han reprimido las protestas en Caracas la última semana. En material disponible en Youtube, con el título “Redes Ayuda Abuso Policial 2017”, registra varios casos.
En una captura correspondiente al 19 de Abril en El Paraíso se ven, al menos, tres guardias nacionales disparando horizontalmente contra los manifestantes desarmados, y un cuarto que dispara una lacrimógena a quemarropa a una mujer que yace tendida en el suelo. El 20 de abril en la avenida O’Higgins se aprecia claramente que un cartucho de bomba lacrimógena describe una trayectoria horizontal hasta golpear la mano de un hombre que se retira, mientras una pareja de guardias nacionales, en moto, persigue a otro manifestante que huye. Finalmente muestran fotos y videos del 26 de abril en la autopista Francisco Fajardo donde funcionarios de la GNB y la PNB apuntan horizontalmente sus escopetas, y las bombas lacrimógenas pasan en trayectoria horizontal a la altura de las cabezas de personas que caminan en retirada.
Las ONG Sin Mordaza, Redes Ayuda, Provea, Civilis, Acción Solidaria, Excubitos y Laboratorios de Paz presentaron ayer un comunicado que denuncia esa y otras violaciones de derechos humanos, y de los parámetros internacionales de contención de manifestaciones. Aseguran que la GNB y la PNB son los cuerpos de seguridad que más recurren al uso de las bombas lacrimógenas y perdigones para causar daño y no para lo que fueron creadas; es decir, para disuasión y disolución de protestas.
“Una de las cosas que se evidenciaron en la manifestación del 26 de abril fue que los participantes no solo fueron dispersados, sino que fueron perseguidos por policías armados con perdigones, escopetas de bombas y tanquetas de la GNB, y fueron acorralados por las calles que suben hacia Altamira”, dijo Melanio Escobar, de Redes Ayuda.
“Usar una bomba lacrimógena como proyectil contra los manifestantes representa un delito sancionado en el ordenamiento jurídico y no es eximido con la excusa de la obediencia debida”, advierten en el documento.
También denunciaron detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y el incremento sustancial de víctimas mortales en comparación con los registros de 2014: en 28 días de protestas registrados en 2017 han sido asesinadas 28 personas, mientras que en 2014 murieron 43 ciudadanos en 5 meses.
Exigieron elecciones; libertad para los presos políticos; respeto al Parlamento; cese de la represión, las detenciones arbitrarias y la violencia del Estado; garantías para el derecho de manifestar; respeto a los estándares internacionales de uso de la fuerza; justicia para las víctimas y un canal humanitario.
Lexys Rendón, de Laboratorio de Paz, condenó la decisión de algunos gobernadores del PSUV de prohibir las protestas en sus entidades: “Estamos en estado de excepción desde enero de 2016, si a esto le sumas un estado de excepción regional más el Plan Zamora activado por Nicolás Maduro, todo junto puede ser muy peligroso”, expresó.
Fuente: El Nacional
Fecha: 29 de abril de 2017