El Centro para los Defensores y la Justicia destacó que el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, “respondiendo a la crisis de derechos humanos”.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 214 ataques e incidentes de seguridad a defensores y organizaciones de derechos humanos entre enero y junio del 2022, especialmente ejercidas por funcionarios públicos y otros actores como estructuras del Sistema Popular de Protección para la Paz.
Este número representa una disminución de 41% respecto al mismo periodo de 2021, aunque para el Centro “los riesgos se mantienen en un nivel alto para el movimiento de derechos humanos. Las amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización siguen ocurriendo y son graves”.
El 71% de los ataques fueron directamente contra organizaciones y 29% contra personas defensoras. También se contabilizaron principalmente estigmatizaciones, intimidaciones y hostigamiento, amenazas, judicialización y ataques digitales.
En su informe, la ONG destacó que el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, “respondiendo a la crisis de derechos humanos”.
Esos patrones, identificados por el Centro para los Defensores, incluye la asociación de la defensa y exigencia de DDHH con actividades delictivas ligadas a presunto terrorismo y desestabilización. También se retomaron acciones para aprobar la Ley de Cooperación Internacional, que impone mayores controles a organizaciones de la sociedad civil.
Otra cuestión que se mantiene vigente es la “tesis del enemigo interno” y el perfeccionamiento de “mecanismos de control”, lo que permite los distintos tipos de ataque contra defensores.
Por ello, consideran que “en la medida en que no se tomen correctivos para garantizar un espacio cívico y democrático pleno y libre y mientras permanezcan vigentes las limitaciones legales a las actividades de promoción defensa y exigencia de derechos humanos, así como la criminalización de las mismas seguirá siendo un riesgo defender, promover y exigir derechos en el país”.
Con información de Tal Cual