El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas considera que la detención del diputado Juna Requesens, ocurrida el 7 de agosto de 2018 acusado por Maduro de participar en un supuesto magnicidio, por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) «es arbitraria».
Este Grupo de Trabajo explica que la encarcelación de Requesens contraviene los artículos 9, 10, 11, 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La ONU pide al Gobierno de Venezuela adoptar las medidas necesarias para remediar la situación de este parlamentario sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; por lo tanto, exigen la liberación inmediata de Juan Requesens y concederle el derecho efectivo a una indemnización y otros tipos de reparación.
Del mismo modo, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria insta a que se realice una investigación exhaustiva e independiente en torno a la encarcelación de Requesens y se adopten las medidas necesarias contra los responsables de la violación a sus derechos.
Desde la presente fecha, el Grupo de Trabajo otorga un plazo de seis meses a la fuente y al Gobierno para que proporcionen la información solicitada. Sin embargo, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso.
En el informe también se expuso que el régimen de Nicolás Maduro viola la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Con información de Tal Cual