“El sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad”, establece el artículo 84 de la Constitución venezolana, que también hace referencia al principio de gratuidad del sistema.
La llegada del COVID-19 al país marcó la vida de los venezolanos, pero especialmente la de muchos pacientes con enfermedades crónicas que ya hacían frente a la emergencia humanitaria compleja denunciada por instancias internacionales.
Pacientes renales, oncológicos, diabéticos e hipertensos han quedado “olvidados” pues la epidemia “ha opacado esa realidad” asegura Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela.
Lorenzo añade que actualmente no hay garantía de obtener medicamentos suministrados por el Estado y que, si bien se consiguen en las farmacias privadas, la mayoría no puede costearlos como consecuencia de la situación socioeconómica que vive el país.
“Los precios se han vuelto inaccesible para la gente que tiene sueldos mínimos o una pensión de vejez que los obliga a pensar: compro el medicamento o compro comida. Estamos observando pacientes que su medicación, que debería ser diaria, inclusive la están tomando, en el mejor de los casos, interdiaria o cada 3 o 4 días para que el blíster llegue al mes”, afirma Lorenzo a la VOA.
Hablan los afectados
Frank Martínez es paciente renal. Cada martes, jueves y sábado recibe tratamiento en un centro de hemodiálisis a cargo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales del Estado (IVSS), y relata que entre las dificultades para recibir la diálisis está la escasez de personal sanitario; detalla que en un turno 40 pacientes son atendidos por dos enfermeras.
“No tenemos enfermeras en vista de que muchas se han retirado por el mal salario que les pagan. Se dificulta la operatividad para que nos presten pacientes porque si nos conectan a todos y hay una sola enfermera y se presenta una emergencia, por ejemplo, a una compañera se le llenó de aire la maquina”, narra.
Sus inquietudes son muchas. Martínez hace referencia a pacientes que no tienen apoyo y que “pasan penumbras” para trasladarse al centro para recibir sus tratamientos, pero, además, recuerda a la VOA que “las medicinas no llegan regularmente”.
“Mal que bien recibimos la diálisis, gracias a Dios. Los medicamentos llegan tarde, pero llegan, pero no queremos pañitos calientes, queremos constancia de que lleguen a la hora, que haya enfermeras, que haya catéteres, promoción de nuevos trasplantes, que vayas a un centro de nefrología y te atiendan”, insiste.
En 2016, Hermes Rodríguez fue diagnosticada con cáncer de mama y dice sentir impotencia ante la poca asistencia que reciben por parte del Estado.
“Los pacientes se están muriendo por la situación medica, por la falta de insumos, por la falta de quimioterapia, radioterapia, falta de bloqueadores, de contraste. Nada hago yo con operarme y no tener cómo hacerme la radio o ponerme una quimio y no tener como operarme”, asegura.
De acuerdo a Rodríguez, a la farmacia de alto costo del IVSS “no están llegando los medicamentos reglamentariamente”, llegan pocos y cuando llegan “no son los que necesitan los pacientes”, mientras que la enfermedad sigue avanzando.
“Nosotros le exigimos al gobierno que, así como tiene para arreglar las plazas, el país tiene prioridades, que inviertan ese dinero en los hospitales, en medicamentos y en arreglar todas las maquinas que hacen falta en los hospitales a nivel nacional”, clama.
La paciente lamenta que el gobierno no los asista y deban verse obligados a acudir a fundaciones para “sobrevivir”.
“Tú vas hoy al hospital oncológico Luis Razetti y hay 100 pacientes, pero vas mañana y hay 200 pacientes nuevos, no se dan abasto, los pobres médicos no tienen cómo darles la cara a los pacientes y decirles que no pueden ingresarlos porque no tienen cómo asistirlos, están trabajando con las uñas”, insiste.
En varias ocasiones el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado que las sanciones de la comunidad internacional impiden que el Estado pueda atender debidamente a la población.
Con información de Voz de América