La situación de los derechos humanos encendieron las alarmas de la comunidad internacional que desde 2014 ha mantenido su mirada en las violaciones y arbitrariedades que han sucedido en el país, es por ello que de manera inédita en la región, este año dos grandes organismos multilaterales iniciaron procesos para investigar a Venezuela.
En medio de los señalamientos y exhortos de organismos e instancias mundiales que han hecho al gobierno de Nicolás Maduro, por la crisis que atraviesa el país y la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y recientemente la Organización Internacional del Trabajo abrieron averiguaciones: la primera, contra funcionarios del gobierno que podrían ser condenados y la otra contra el Estado venezolano que en tal caso debe adoptar una serie de recomendaciones.
La CPI comenzó en febrero las experticias para determinar si durante 2017 se cometieron delitos de lesa humanidad en el país.
También en Honduras, pero en 2013, ese organismo realizó averiguaciones de este grado, pero no procedieron porque no demostraron el carácter sistemático de las violaciones, cosa que en Venezuela sí, aseguró Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia.
Señaló que en el caso de Venezuela existen indicios graves de que sí hubo delitos contra la humanidad de manera sistemática, no solo contra opositores sino contra sectores desfavorecidos –como los 8.000 asesinatos de la Operación de Liberación de Pueblo–.
Tan grave es la situación que por primera vez la Organización de Estados Americanos designó un panel de expertos para evaluar la situación y concluyeron que desde 2014 el gobierno de Maduro ha cometido delitos de esa naturaleza.
En el informe que publicaron en mayo, recomendaron activar los mecanismos del Estatuto de Roma –del que Venezuela forma parte– para que la CPI comience una investigación relacionada con los asesinatos, arrestos arbitrarios y violaciones de los derechos humanos cometidos por funcionarios del gobierno.
Falso discurso
Activistas por los derechos humanos ven como una paradoja que un gobierno que se promulga como “socialista, humanista y obrerista” tenga encima dos investigaciones por transgredir las garantías de pactos y tratados internacionales suscritos por Venezuela y que, de acuerdo con la carta magna, tienen rango constitucional como por ejemplo los convenios de la OIT en materia de libertad sindical, fijación del salario y respeto a la negociación tripartita (entre el Estado, el empleado y la empresa), que llevaron a ese organismo por primera vez a realizar una investigación de esta naturaleza.
“Nicolás Maduro se ha autodenominado como un presidente obrerista y está bajo el procedimiento más alto de la OIT; además se niega a ocuparse de eso”, señaló Carlos Patiño, abogado y coordinador de exigibilidad de Provea. Indicó que luego de la investigación, lo probable es que la OIT haga recomendaciones al Estado venezolano y, en caso de que este incumpla –como lo ha hecho con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU–, el caso puede ir a la Corte Internacional de Justicia.
El gobierno ha cometido 180 violaciones a los derechos laborales contra empleados públicos en ocho estados del país, de acuerdo con el registro de la ONG Movimiento Vinotinto.
“La investigación de la OIT pone en evidencia que no es un presidente obrero. Por el contrario, en vez de defender los derechos de los trabajadores ha sido el que más los ha anulado”, expresó Daniels. Vio con suspicacia el hecho de que ante estas dos inéditas investigaciones el gobierno de Maduro se mantenga en silencio.