Los líderes de sindicatos manifiestan que existe mucha incertidumbre sobre qué pasará con los pagos de los otros beneficios que reciben los trabajadores universitarios y de entes públicos, como la caja de ahorro, las prestaciones sociales, las utilidades, las vacaciones, las jubilaciones, el seguro social y las guardias realizadas durante los fines de semana o días feriados y todos los demás beneficios que establecen los contratos colectivos.
Si el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que discutió el caso de Venezuela en su reunión en marzo, necesitaba otra prueba que demostrara que el gobierno de Nicolás Maduro viola sistemáticamente el convenio 144 relativo a la consulta tripartita, ya la tiene: la imposición del pago de salarios a través de la plataforma virtual patria sin haberlo discutido previamente con los trabajadores y sus patronos.
El 6 de marzo, el rector de la Universidad de Los Andes (ULA), Mario Bonucci, alertó por Twitter que un funcionario de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) había solicitado las nóminas de las instituciones debido a que «a partir de la primera quincena de marzo los pagos de sueldos y salarios del personal de las universidades y entes adscritos se harán efectivo mediante la plataforma patria». Esta información la confirmó cuatro días después el ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, quien aseguró que la medida busca «unificar el proceso de pago de nómina» y amenazó a las autoridades universitarias con que el Ministerio no se quedará de brazos cruzados si se niegan a enviar las nóminas. «Estarían violando el derecho humano al trabajo».
De acuerdo con Leida Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI), lo que realmente es una «violación gravísima a los derechos humanos» de los trabajadores es la «modificación unilateral del contrato de trabajo sin que haya habido un acuerdo entre el patrono y el trabajador y sus representantes sindicales y gremiales». También que el jefe de las instituciones «no haya realizado un procedimiento ante el Ministerio del Trabajo y haya convocado a las organizaciones sindicales para llegar a un acuerdo en relación con esto».
«Están centralizando toda la nómina, lo que es preocupante porque en el sector educación universitaria hay más de 100 organizaciones sindicales entre sindicatos de obreros, profesionales, jubilados y administrativos, además están la educación media y la básica».
Según dirigentes sindicales, el gobierno de Maduro busca una vez más aniquilar las organizaciones sindicales y los contratos colectivos, ya debilitados por la crisis económica e incumplimientos del Estado, al imponer que sea un solo ente, el sistema patria, que depende únicamente del Ejecutivo, el que pague las nóminas de todas las universidades, de entes públicos, alcaldías y del sector salud.
«Ya todo el mundo está cobrando por el sistema patria», dice el sindicalista del sector salud Mauro Zambrano. «El sistema automáticamente manda el dinero al banco donde tú tienes la quincena. Lo que hicieron fue prácticamente centralizar las nóminas y vicepresidencia maneja todo. Ahora las instituciones no reciben los recursos sino que vicepresidencia paga desde allá por el sistema patria«.
La presidenta de la central ASI explica que la política «unilateral e inconsulta» del Estado venezolano de traspasar el pago de las nóminas al sistema virtual patria genera grandes interrogantes y un estado de alarma sindical y gremial por muchas razones. «Nos preguntamos si se ha producido una sustitución de patrono y quién es ahora el jefe, ante quién estamos subordinados, a quién le reclamamos, qué tipo de salario están pagando, quién nos responde por los atrasos y la mora, a quién le pedimos el pago con salario integral, cómo sabemos si están pagando en función de los tabuladores, quién reconoce el pago y quién paga las cláusulas y beneficios establecidos en el contrato colectivo».
«Esto nos produce gran alarma ya que no sé quién es mi patrono, a quién le debo presentar un proyecto de contrato colectivo, un pliego o un simple reclamo si hasta ahora cuando hemos reclamado a las direcciones de personal o de desarrollo humano de las instituciones nos dicen que no es su culpa sino de la plataforma patria».
León sostiene que se pudiera pensar que «es una política de genocidio sindical y gremial en la que se extinguen y anulan de facto un centenar de contratos colectivos y un centenar de organizaciones sindicales». «Es muy evidente que se trata de una violación fragante e inconsulta el convenio 87 sobre libertad sindical, al convenio 98 sobre contratación colectiva, al convenio 95 sobre protección del salario y al convenio de 144 ante la ausencia de consulta a los trabajadores y sus organizaciones».
«Nuevamente se genera una alarma porque además de pretender desaparecer nuestras organizaciones sindicales y nuestros contratos colectivos, pudiera ser una estandarización salarial que irrespete todo baremo de diferenciación salarial, de antigüedad, de experiencia y de profesionalización. El Estado venezolano debe responder y aclarar a las organizaciones sindicales y gremiales sobre tan grave incumplimiento en un momento en que la OIT está pidiendo muestras concretas de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe de la Comisión de Encuesta referida a los convenios 26, 144 y 87».
Otra interrogante que genera la medida es qué pasará con los pagos de los otros beneficios establecidos en los contratos colectivos que reciben los trabajadores universitarios y de entes públicos, como la caja de ahorro, las prestaciones sociales, las utilidades, las vacaciones, las jubilaciones y las guardias realizadas durante los fines de semana o días feriados.
«Solo se sabe del salario básico de la nómina, pero los demás beneficios quedan en el aire. No sabemos nada, hay una gran incertidumbre porque no se sabe qué pasará con el resto de los beneficios, no se sabe cómo será el pago», expresa León.
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Con información de Tal Cual