El pago semanal que anunció el Ejecutivo para los empleados públicos, hasta el mes de noviembre, “implica reconocer que el dinero no alcanza para absolutamente nada”, opinó Servando Carbone, coordinador nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep).
“Nos pueden pagar todos los días si quieren, pero es una burla… es una ilusión”, dijo el representante gremial e insistió en que el Gobierno de Nicolás Maduro pulverizó el salario, así como las prestaciones sociales.
Indicó que, además, las políticas del mandatario “no valoran la calidad técnica y profesional de los trabajadores” y, al contrario, promueve la mediocridad. Criticó que, por ejemplo, él con 34 años en la administración pública perciba una remuneración de 2.200 bolívares soberanos y un empleado del Plan Chamba Juvenil gane Bs.S 1.800.
Carbone afirmó que, debido a la pérdida del poder adquisitivo, unos 300 empleados del sector público “abandonan su cargo semanalmente”.
“Destrucción de los estímulos”
Pedro Arturo Moreno, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), dijo que la medida anunciada por Maduro equivale a todos los empleados sean “reconocidos como obreros“. Agregó que los pagos salariales evidencian que el Gobierno no ha podido detener la inflación y seguirá avanzando.
Justamente, el pasado mes de julio el diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, propuso que el cobro de los salarios se hiciera de manera semanal porque el incremento del “índice de hiperinflación es diario”.
Moreno consideró que, el pago semanal, “aunque no viola ningún principio legal o del derecho laboral” es una decisión tomada de manera unilateral, “como se ha hecho costumbre”.
El directivo de la CTV coincidió con el coordinador de Fentrasep al decir que los anuncios económicos del Jefe de Estado contribuyen a “la destrucción los estímulos para que la gente se profesionalice y avance” en sus carreras.
Violación de derechos
El coordinador de Exigibilidad de Provea, Carlos Patiño, señaló que la unilateridad de la medida ratifica una las razones por las cuales Venezuela es investigada por una Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde junio de 2018.
Refirió que uno de los pactos del organismo implica el diálogo social y que aquellas medidas que afecten a los trabajadores deben ser discutidas entre el Estado, los empleadores y la representación de los trabajadores, principio que, a su juicio, no se cumple desde años en el país.
El abogado recordó que, además, el Centro De Documentación y Análisis Para Los Trabajadores (Cenda) estableció que para septiembre se requerían 18 salarios mínimos para adquirir la cesta alimentaria.
Y añadió aún cuando se efectúe el pago semanal, “quincenal o mensual no va a resolver el problema de fondo, que es la dictadura de Nicolás Maduro“, expresó.
Con información de Efecto Cocuyo