Venezuela es uno de los países con mayores restricciones para el ingreso de ayuda humanitaria, concluyó la ONG Civilis en su informe, publicado unas horas antes de que Médicos sin Fronteras lanzara un comunicado en las redes sociales anunciando su retiro del hospital Pérez de León II, precisamente porque su personal no pudo ingresar al país.
La ONG Civilis presentó este 24 de noviembre su informe más actualizado sobre la crisis humanitaria compleja y en el documento hacen especial mención a las restricciones para el ingreso de la ayuda humanitaria.
Citan el Índice de Severidad de las Restricciones al Acceso Humanitario, el cual en su edición de julio de 2020 ubicó a Venezuela en el grupo de 14 países con muy altas restricciones para el acceso a la ayuda humanitaria, junto con Afganistán, Bangladesh, Irak, Irán, Libia, Myanmar y Nigeria. Y algo que ejemplifica esa situación fue el retiro de Médicos sin Fronteras (MSF) del hospital Pérez de León, precisamente porque el gobierno que administra Nicolás Maduro no permitió la entrada de un equipo especializado.
“Nos hemos visto obligados a tomar la decisión de retirarnos del hospital Ana Francisca Pérez de León II, ubicado en Petare, en el noreste de Caracas, en el que llevábamos colaborando desde marzo en la lucha contra la pandemia de la COVID-19”, reza el comunicado en donde Isaac Alcalde, aparece como coordinador general en Venezuela.
En entrevista con Crónica.Uno, Alcalde indicó cuál era el trabajo que estaban haciendo en ese puesto asistencial y en casi una cuarentena desplegados en siete estados donde actualmente tienen incidencia: Sucre, Amazonas, Táchira, Bolívar, Anzoátegui, Miranda y Distrito Capital.
En el caso del Pérez de León II explicó que era especial, pues se trató de un proyecto vertical especializado únicamente para tratar a pacientes con coronavirus, y para ello se diseñó toda el área de emergencia, se hizo un sistema de bioseguridad específico de acuerdo con los estándares hospitalarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para este tipo de virus; y se completó con servicios extraordinarios como atención psicológica, seguimiento domiciliario, y se habilitaron dos ambulancias.
La fuerza de trabajo de este proyecto sumó casi 250 personas, 100 de ellas del hospital. “Contratamos un personal que recibía una ayuda económica extraordinaria para que trabajara en equipo con nosotros. La inversión fue grande y creemos que con muy buenos resultados”.
Esa inversión corrió por cuenta de Médicos sin Fronteras, así como la readecuación de las instalaciones, las carpas para triaje, el equipamiento del concentrado de oxígeno, la integración de más camas (de 10 pasó a tener 40); arreglaron bastantes ventiladores mecánicos lo que permitió aumentar la capacidad de la terapia intensiva, equipos de los que había un déficit antes de la pandemia.
Alcalde, de nacionalidad española, dijo que todo este proyecto fue consensuado con el Ministerio de Salud cuando se empezaron a ver los primeros casos. “Hicimos una primera evaluación de los lugares con mayor incidencia: Caracas y Miranda y dentro de esas zonas vimos que había un riesgo potencial en Petare. Por eso decidimos conjuntamente con el ministerio que el Pérez de León era el más adecuado”.
En ese tiempo:
3500 pacientes pasaron por ese triaje.
Hospitalizaron a 300 personas.
100 estuvieron en terapia intensiva.
“El número de trabajadores llegó a 250, pues se buscaba una atención 24×7, eso incluía al personal de limpieza, intensivistas, emergenciólogos, laboratorio, psicólogos, trabajadores sociales, un equipo multidisciplinario”.
Alcalde dijo que desde hace meses habían hecho la solicitud de unos 45 permisos de trabajo para fortalecer el proyecto en los siete estados. Pero no hubo respuestas de parte del gobierno que administra Nicolás Maduro.
“MSF solicitó los permisos de trabajo para nuestro personal esencial a principios de año para poder cubrir puestos claves de nuestras operaciones y aún no hemos obtenido contestación. Desde entonces, hemos estado en contacto en repetidas ocasiones con las autoridades responsables para tratar de obtener una solución al problema», sostuvo.
Asimismo, agregó: «Y aunque el equipo internacional ha sido reemplazado casi a totalidad por cualificado personal venezolano y asesorías vía remota, necesitamos personal especializado in situ que esté familiarizado con los procesos internos de nuestra organización y que nos permita asegurar los estándares de calidad que se requieren para este tipo de intervenciones. De ahí que tengamos que asumir esta difícil decisión de retirarnos”.
Hacía referencia a personal para manejos administrativos y rendición de cuentas de la organización Médicos sin Fronteras, por ejemplo.
—¿Esto va a afectar los otros proyectos?
—Ese es el temor que tenemos. Como MSF estamos comprometidos de seguir llevando a cabo este trabajo, pero si la situación no cambia pues ya estamos al límite, otros de los proyectos pueden tener el mismo riesgo.
“Ante la posibilidad de que llegue una segunda ola en la pandemia de COVID-19, optamos por dejar parte del material sanitario, hacer una dotación de medicamentos y fortalecer la aplicación de los protocolos, a través de capacitaciones al personal del hospital, con el que creemos haber logrado hasta ahora una relación muy positiva para los pacientes que se atienden. Nos retiraremos gradualmente del hospital y haremos especial énfasis en las capacitaciones al personal propio de la institución en la lucha contra la COVID-19”.
Alcalde, de profesión ingeniero, destacó que a pesar de que por el momento van concentrar los esfuerzos para atender a los pacientes COVID-19 severos y críticos en el hospital Vargas (donde han hecho una intervención importante en la infraestructura, y están logrando mantener los otros programas médicos fuera de Caracas) les preocupa la situación a la que se llegó en el Hospital Pérez de León II, debido a que las limitaciones para la entrada del personal humanitario al país puedan acabar afectando al resto de los proyectos de la organización en los próximos meses.
Alcance de MSF:
80.000 consultas médicas.
42.500 sensibilizaciones a través de promoción de la salud.
Más de 5000 capacitaciones a personal médico y no médico.
Cerca de 110.000 pruebas de malaria, con 25.000 diagnósticos y tratamientos de casos positivos. Solo en el Municipio Sifontes del estado Bolívar entre los años 2017 y 2020 contribuyeron con la reducción de la positividad de la malaria en un 60 %.
Con información de Crónica Uno