Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y jubilados de la administración pública le recuerdan a Nicolás Maduro que aún tiene una deuda con ellos. Hace tres años les prometió que les pagaría no uno sino varios bonos -uno de salud y recreación y otro de alimentación- y hasta la fecha no se ha concretado.
“Que Maduro cumpla con su obligación, ese pago procede”, afirma Isabel Hernández, de 65 años de edad y pensionada del Seguro Social. “Es muy injusto que no tengamos ticket de alimentación. Como pensionada únicamente dependo del aumento del salario mínimo y para muchos este es nuestro único ingreso. Es muy desagradable trabajar toda la vida, para depender de tus hijos”.
El 1° de marzo entrará en vigencia el alza del bono de alimentación, que pasó de 63.720 a 108.000 bolívares, y Hernández espera poder contar con ese beneficio. Cuenta que solo con el salario mínimo de 40.638 bolívares que recibe no puede cubrir los gastos. “Ni para comida alcanza esta pensión. Las pastillas que me mandaron para la laberintitis cuestan 4.000 bolívares y las adquirí con mucho sacrificio”.
Belén Navas es pensionada del IVSS y además jubilada, desde 1992, de la Gobernación del Distrito Capital. Dice que luego de 23 años de servicio en la docencia, aún espera que Maduro pague el bono de alimentación.
“El gobierno volvió a aumentar el ticket de alimentación y no nos tomó en cuenta. Como jubilados deberíamos tener los mismos beneficios que tienen otros trabajadores. Nos sentimos desprotegidos y abandonados por la administración pública con un sueldo que no alcanza. Fui a la farmacia a buscar mi medicina de la tensión, pero no se consigue. Tenían uno importado. La caja de 30 pastillas costaba 32.000 bolívares. ¿Entonces cómo lo compras? O comemos o nos mantenemos con la tensión estable, pero no las dos cosas”, señala Navas.
En vista de la negativa del Ejecutivo de otorgar el beneficio a 3,5 millones de pensionados del IVSS, en 2016 la Asamblea Nacional promulgó la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados. Posteriormente, fue aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, el ente judicial acotó que su implementación debía someterse a “la viabilidad económica”.
“No hay voluntad política por parte de Maduro de aprobar el beneficio de alimentación. Él castiga a los pensionados porque con 40.638 bolívares es imposible atender las necesidades de alimentación y salud”, advierte Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.
Urimare Capote, integrante de la dirección nacional del comité, afirma que los pensionados solamente están cobrando 28% de lo que les corresponde, cuando lo que deberían devengar son 148.630 bolívares, que es la suma del salario mínimo y del bono de alimentación. “La diferencia entre la remuneración de un pensionado y de un trabajador es cada vez mayor. Los trabajadores no se quieren jubilar porque solo recibirán salario mínimo”.
José Castellanos, pensionado de CVG-Alcasa, dice que lo que exigen al gobierno es que cumpla la ley de bono de alimentación. “Cuál es la terquedad del presidente si va en beneficio de 3,5 millones de pensionados. Sin esa ley vamos a estar a la deriva: si compramos medicinas no podemos comprar comida”.
Fuente: El Nacional
Fecha: 22 de febrero de 2017