Las declaraciones del viceministro del Trabajo, José Ramón Rivero, que descartan la posibilidad de pagar el bono alimentación a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales fueron rechazadas por los adultos mayores.
“El gobierno nos niega un derecho que por ley nos corresponde. Además, Nicolás Maduro lo prometió en 2014”, afirmó María Hernández, de 70 años de edad. José Gutiérrez, de 68 años, agregó: “Es un abuso que todavía no nos paguen el bono de alimentación como un complemento de la pensión, que ya no alcanza para comprar la comida y las medicinas”.
Edgar Silva, coordinador del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, denunció que “el gobierno ha demostrado reiteradamente su política de desmejorar los beneficios de los adultos mayores”.
El ingreso de los trabajadores activos quedó en 65.056,73 bolívares mensuales, con el aumento del ticket y el salario mínimo a 42.480 y 22.576,73 bolívares en agosto y septiembre pasados, respectivamente. Sin embargo, los pensionados solo recibieron el aumento de 7.525,54 bolívares del sueldo mínimo.
Silva insistió en que el Ejecutivo debe cumplir la Ley del Bono de Alimentación y Medicinas para Pensionados y Jubilados del Sector Público y Privado, aprobada por la Asamblea Nacional en marzo de 2016 y enviada a Maduro para que asignara los recursos correspondientes.
La legislación indica que a los pensionados se les pagará 10.000 bolívares al mes por concepto del bono, monto que irá subiendo con la inflación. El gobierno llevó la Ley al Tribunal Supremo de Justicia que la declaró constitucional el 30 de abril pasado.
Cifras oficiales señalan que el IVSS tiene 3.073.338 de pensionados, lo que representa que el Ejecutivo debe erogar 30,7 millardos de bolívares al mes por el ticket que establece la ley.
Silva alertó que 11.700 pensionados en el exterior no cobran desde noviembre de 2015. “Muchos están desesperados porque la pensión es su único ingreso y tuvieron endeudarse, además de enfrentar la posibilidad de desalojo por no pagar el alquiler”.
En la última reunión con el comité, los representantes del IVSS aseguraron que habían traspasado al Cencoex los recursos en bolívares para cumplir la obligación.
Un afectado de 73 años de edad residente en Medellín, Colombia, desde hace 20 años narró: “Nunca antes tuve problemas, pero desde hace 18 meses no cancelan la pensión ni la jubilación del ministerio para el cual trabajé 32 años”. La fuente, que solicitó no mencionar su nombre, dijo que el gobierno notificó no hacer más solicitudes al respecto.
“Tuve que ponerme a limpiar pisos para poder mantenerme porque dependo de la pensión que no llega”, expresó otra afectada, de 68 años, que vive en Galicia, España.
FUENTE: EL NACIONAL
FECHA: 07 DE OCTUBRE, 2016