Los cuerpos policiales y militares de Venezuela fueron más letales que la COVID-19 durante el año 2020. Un total de 2853 personas fueron víctimas de la letalidad de los cuerpos armados del Estado venezolano. Graves violaciones a los derechos humanos que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad.
La mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años de edad, lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes.
Este hecho, junto a la exclusión de este sector etario en el acceso a otros derechos como el de educación y trabajo entre otros, da cuenta de la creciente migración forzada de jóvenes buscando protección en otros Estados.
En un país que ha perdido el bono demográfico este patrón de ejecuciones profundiza la emergencia humanitaria compleja que vive el país.
Ni el supuesto confinamiento “obligado” debido a la cuarentena decretada por el ejecutivo nacional por la aparición de la pandemia del Coronavirus frenó el accionar de los cuerpos policiales y militares.
Estos datos publicados son resultado de un trabajo conjunto que vienen realizando el Centro de Investigación Gumilla y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) en alianza también con Radio Fe y Alegría Noticias.
La ONG Provea y el Centro Gumilla, perteneciente a los jesuitas en Venezuela, iniciaron desde el año 2019 un proceso de contraloría social a la violencia institucional policial y militar y cuya consolidación nos ha permitido presentar formalmente esta iniciativa con el nombre de Lupa por la Vida, construcción de una memoria colectiva en materia de ejecuciones extrajudiciales.
Una política de Estado que promueve la impunidad
El monitoreo ha permitido determinar que las miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista.
Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública.
En los pocos casos que se investigan las instituciones actúan con discriminación.
El pasado 21 de agosto de 2020 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana adscritos al componente Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), asesinaron a los ciudadanos Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres, trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia, un medio de comunicación que mantiene un perfil de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.
Para alivio de los familiares de las víctimas, el Ministerio Público actuó rápido y cuatro días después fueron detenidos los 6 funcionarios presuntamente responsables del crimen.
Dos meses antes, la madrugada del 11 de junio, las FAES asesinaron a cinco personas en el sector El Limón en Caracas, Arquímedes Ramón Martínez, Andri Narváez, Roger Blanco, Pedro Pablo Salcedo y Wilmer Yáñez. Esta última víctima, era escolta de la ministra Iris Valera, quien denunció lo ocurrido y exigió una investigación.
A las 48 horas después de los hechos, los presuntos responsables estaban detenidos. En los dos casos hay un elemento común: las víctimas estaban vinculadas al proyecto político oficial, y aunque fueron víctimas de la letalidad policial sus familiares contaron con el acceso a la justicia lo que define un patrón discriminatorio que depende de la vinculación a la facción de Poder y, hace de la justicia un ejercicio discrecional.
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Con información Radio Fe y Alegría