“¿Por qué Juan Guaidó no se autoproclamó?”, titula su informe la ONG también llamada Observatorio Venezolano de la Justicia”.
“El pasado 23 de enero, el diputado por el estado Vargas y actual presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó Márquez, en medio de una multitudinaria concentración de ciudadanos y ante la presencia de los diputados e integrantes de la junta directiva del Parlamento, se juramentó y asumió de forma interina el cargo de presidente de la República, tras la usurpación por parte de Nicolás Maduro Moros, declarada por el órgano parlamentario mediante acuerdo del 15 de enero de este año, en una sesión formal”, destaca el texto.
La juramentación fue calificada por muchos medios de comunicación social internacionales como “autoproclamación”, e incluso por las Naciones Unidas en su nota de prensa sobre la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad del pasado 26 de enero.
Según el derecho venezolano, en concreto el artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Gaceta Oficial n.° 5.928 Extraordinario del 12 de agosto de 2009), el acto de proclamación consiste en declarar los resultados del escrutinio de un proceso electoral por medio del cual se reconoce a los candidatos que han sido electos en una contienda y en consecuencia, es el acto que pone fin a los comicios.
Por su parte, la juramentación, es un acto solemne que implica el acatamiento o promesa de fidelidad a la Constitución y las leyes para el acceso a los cargos públicos, tal como lo consagra el artículo 1 de la Ley de Juramento (Gaceta Oficial n.° 21.799 de fecha 30 de agosto de 1945), cuyo texto reza: “Ningún empleado podrá entrar en ejercicio de sus funciones sin prestar antes juramento de sostener y defender la Constitución y Leyes de la República y de cumplir fiel y exactamente los deberes de su empleo”.
La juramentación debe entenderse como un requisito solemne y formal que implica la sujeción al orden jurídico existente, siendo su cumplimiento necesario por parte de la persona para alcanzar el perfeccionamiento de la condición de funcionario en el cargo público que debe asumir.
Por tanto, es erróneo sostener que Guaidó se “autoproclamó”, pues él no se declaró a sí mismo ganador de una elección, ni siquiera fue elegido como presidente de la República, sino que fue designado como tal de manera temporal por la AN por la usurpación del cargo por parte de Maduro al no haber sido, técnicamente hablando, electo el 20 de mayo de 2018.
A todo lo anterior debe añadirse que la ilegitimidad e inconstitucionalidad de Maduro es sólo el colofón de un camino que empezó el Gobierno desde la elección de la AN en diciembre de 2015 hacia la toma absoluta del poder para lograrlo por medio de formas jurídicas (más de 160 sentencias del TSJ violatorias de la Constitución y de los derechos humanos), lo que se ha constituido en un verdadero golpe de Estado.
“De hecho, a estas alturas, la ilegitimidad e inconstitucionalidad no es sólo del Ejecutivo Nacional, sino que la ostentan también los demás poderes del Estado, salvo la AN. Por un lado, tenemos un defensor del pueblo y un fiscal designados por la ANC en 2018 y no por la AN, como establece la Constitución. Por el otro, está el TSJ, con trece de sus treinta y dos magistrados principales, como ya se indicó, designados por la AN saliente, y no por la elegida en diciembre de 2015 y con magistrados políticos, ya que se sometieron en su totalidad a la ANC”.
Tampoco son legítimos los miembros del CNE al haber sido designados por ese TSJ, y no por la AN como prevé la Carta Magna. Por último, no olvidemos la existencia de la ANC.
En consecuencia, el único órgano legítimo y constitucional en Venezuela es el legislativo, quien no es de extrañar que en el contexto antes descrito haya sido desconocido por los demás poderes desde su elección y en especial, por el TSJ mediante 87 sentencias hasta la fecha, entre las que destaca la n.° 3 de este año de la Sala Constitucional que anula el acuerdo mediante el cual la AN declaró la usurpación de Maduro y designó a Guaidó como presidente interino de la República.
El Gobierno de Maduro no ha sido reconocido por su apego a los derechos humanos y a los organismos internacionales que los protegen.
Con información de El Estimulo