La presidenta de la Misión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas (ONU), Marta Valiñas, asegura que el informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela es imparcial.
Pese a que los expertos no pudieron ingresar al país porque se les impidió, recalca que los testimonios aportados por víctimas, familiares, funcionarios y exfuncionarios de fuerzas de seguridad, fueron corroborados con documentos y otras fuentes.
En entrevista con la directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, para el programa #ConLaLuz, la abogada experta en DDHH recalca la conclusión fundamental del informe publicado el 16 de septiembre: Hay información suficiente que justifica investigaciones contra las personas señaladas por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Subraya que es imperativo asegurar la rendición de cuentas de los responsables.
“La responsabilidad principal de asegurar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas recae sobre el Estado venezolano, solo en el caso de que el Estado no quiera hacerlo, allí se justifica que otros países de acuerdo con sus leyes puedan considerar iniciar investigaciones por estos hechos. La Corte Penal Internacional (CPI) que ya tiene un examen preliminar abierto sobre la situación en Venezuela, ellos están haciendo su labor, recopilando información y este informe es un insumo importante”, expresa.
Extensión del mandato
Valiñas desconoce si el Consejo de DDHH de la ONU renovará el mandato de la Misión, pero señala que lo documentado es grave y que los organismos internacionales que velan por los derechos humanos deben quedar atentos, hacer monitoreos y más investigaciones imparciales. Esto, a fin de determinar si las violaciones persisten, si hay una rendición de cuentas genuina y si se garantizar justicia de forma integral a las víctimas.
“Es importante que el Estado venezolano continúe cooperando con la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, pero también que coopere con organismos que investigan cómo la Misión y que tome en cuenta las recomendaciones para corregir estas acciones y que no se repitan. No sólo hacer justicia sino garantizar protección a las familias, atención integral para llegar a una reparación del daño que sufrieron”, indica.
Explica que de extenderse el mandato de la Misión por un año más, los expertos deben interpretarlo, priorizar la investigación que se hará y el enfoque. Indica que por tratarse de violaciones graves de DDHH, se podrían profundizar en lo ya documentado o indagar sobre otros casos a los que no llegaron por limitaciones de tiempo. De no extenderse el mandato, acota, el Consejo de DDHH de la ONU puede considerar otros mecanismos para que se siga investigando.
Crímenes como política de Estado
La presidenta de la Misión ONU deja claro que la información recopilada evidencia que los hechos que constituyeron crímenes de lesa humanidad no fueron aislados; por el contrario siguieron un patrón y se cometieron con base a objetivos señalados, como parte de una política de Estado contra personas identificadas como opositores o en contextos de protestas.
“Hemos buscado y recibido información de personas con conocimiento directo de cómo actúan esas fuerzas, como funcionarios y exfuncionarios, sobre el flujo de información de lo que pasa en el terreno y quiénes están más arriba en la jerarquía y que tipo de instrucciones van bajando en la cadena de mando y que llevaron a la comisión de estos crímenes”, relata.
Asegura que la investigación demuestra que dicho flujo de información funcionó dentro de la estructura de las fuerzas de seguridad involucradas (Sebin, Dgcim, Faes, entre otros) en los hechos registrados y que hubo reportes y órdenes en todo la cadena de mando, desde la más alta jerarquía.
“La investigación nos llevó a concluir que no eran hechos aislados, que fueron patrones de conducta cometidos de forma generalizada en varias partes del país, que hubo conocimiento de ello y que fueron cometidos con objetivos, planes, como parte de una política de Estado” afirma.
Violencia sexual
La Misión ONU registró que en Venezuela, funcionarios policiales y militares utilizan la violencia sexual como un medio de tortura para obtener confesiones o información y que los perpetradores en su mayoría son miembros del Sebin y la Dgcim.
“Las principales víctimas fueron hombres, también mujeres, pero la mayor parte fueron cometidas contra hombres para humillarlos, degradarlos y ponerlos en una posición más vulnerable, sin poder defenderse. Se incluyen hechos de violencia física, ataques a los genitales, desnudez forzadas, amenazas de violación a la persona o a familiares. Tenemos un caso de violación de un hombre detenido y varios casos de personas detenidas en el contexto de protestas, en el marco de una represión política, personas vistas como opositoras al Gobierno”, expresa Valiñas al respecto.
Precisa que como parte del mandato otorgado hace un año, la Misión debían investigar la violencia sexual y de género como parte de las violaciones de DDHH, específicamente del crimen de tortura y otros tratos crueles e inhumanos y degradantes, contra personas bajo la custodia de fuerzas de seguridad.
“Aparte de la tortura sexualizada, detallamos en el informe otras formas, en las cuales las condiciones de detención tenían un impacto distinto, para mujeres y hombres, de qué forma hubo impacto de género. En mujeres detenidas hubo mayor riesgo de ser sometidas a la explotación sexual dentro de ese lugar por naturaleza coercitivos, tienen condiciones de detención que las afecta de forma desproporcionada, no tener acceso al agua de la misma forma que los hombres, productos de higiene específicos que necesitan, se les viola el derecho a ser tratadas con dignidad, son humilladas”, dice.
Agrega la violencia física y la intimidación incluso contra mujeres que eran o son familiares de detenidos, cada vez que realizaban una visita o solicitaban información. En el caso de los hombres explica también cómo el hecho de ser joven y pertenecer a un determinado estrato social, inocente o culpable de un delito, lo ubicaba dentro de un perfil susceptible de ser víctima de una ejecución extrajudicial.
“Las familias de estas personas automáticamente percibidas como miembros de alguna organización criminal, son sacadas de sus viviendas, las autoridades no las dejan entrar a la casa durante la ejecución, es un tipo de violencia psicológica muy fuerte y luego la intimidación”, añade.
Reconocimiento
Por último, Valiñas hace un reconocimiento a las víctimas de violaciones de DDHH y a las familias por sus testimonios. Igualmente a las ONG y a los abogados que los acompañan en el camino para lograr justicia. No oculta su expectativa de que el informe sea un aporte importante para esa lucha.
“Cuando uno trabaja en la investigación siempre es una experiencia que nos deja sensibilizados, la fuerza de las víctimas, los familiares, especialmente de víctimas directas de asesinato, su persistencia en la lucha por la justicia y para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Es importante seguir llamando la atención de las autoridades contra intimidaciones que sigue sufriendo”, alerta.
Con información de Efecto Cocuyo