Autoridades de las universidades de Zulia, Central de Venezuela y Los Andes señalan que las asignaciones presupuestarias sancionadas por la AN en la Ley de Presupuesto 2022 no superan 3 % para el ejercicio de 2022, pero quedan pendientes aún recursos de 2021. La formación y operación de estas casas de estudio están severamente comprometidas.
Las universidades autónomas que llevan por ley el peso del desarrollo de Venezuela atraviesan el portal del 2022 en la peor incertidumbre en décadas. Esto, mientras la educación superior en América Latina busca enfrentar con nuevas tecnologías y metodologías para el trabajo los duros tiempos de pandemia.
“En los 47 años que llevo trabajando para la Universidad del Zulia a dedicación exclusiva, jamás he visto una situación tan crítica como la que se está viviendo en los actuales momentos”, expresó la rectora Judith Aular.
En el tercer año de la COVID-19, las asignaciones presupuestarias aprobadas para esas casas de estudio por la Asamblea Nacional no cubren ni la mitad de sus compromisos de formación y funcionamiento para el primer trimestre del año. Y, en algunos casos, sus autoridades no saben si estas llegarán en ese lapso.
Entrega tardía a las universidades
La Universidad del Zulia, por ejemplo, ubicada en la que fue primera entidad petrolera del país, recibió la tercera semana de diciembre pasado 10 % de los recursos presupuestarios que había solicitado en 2020 para el período fiscal del 2021.
“Facultades y núcleos debían recibir esos recursos de gastos de funcionamiento entre enero y febrero de 2021, pero llegaron tarde. Tuvimos que habilitar en este periodo navideño al personal para poder otorgar a cada facultad y núcleo lo que necesitaban”, dice Aular, que tiene bajo su responsabilidad a 75.000 estudiantes y 4000 profesores activos, aproximadamente.
En la Universidad Central de Venezuela las asignaciones presupuestarias nunca llegan. “El presupuesto de 2020 y 2021 fue aprobado por la AN, pero nunca nos fue entregado; los gastos de funcionamiento nunca fueron consignados a la UCV; ni los de servicios básicos, ni nada de nada”, refiere Cecilia García Arocha, rectora de esa casa de estudios. Y añade que las facultades tampoco fueron atendidas. “No es solo desmalezar ni pintar, lo que no es un favor sino una obligación”.
En la ULA se vive una situación similar. Un comunicado emitido por el rector Mario Bonucci Rossini señala que para el ejercicio 2022 se asignó “otra cuota presupuestaria altamente deficitaria”. Y llama la atención de los lineamientos para equilibrar el presupuesto del 2022 fueron recibidos la tarde del domingo 3 de octubre de 2021 “con un exigente plazo de 12 horas para el retorno de la respuesta por parte de la ULA”.
“Esta respuesta expedita solicitada contrasta con el caso del presupuesto asignado para este 2021, del cual solo se ha recibido 4,32 por ciento y del resto que supera 95 por ciento se desconoce su paradero”, indica el rector.
Futuro incierto para tres universidades autónomas
Así, ni LUZ, ni la UCV y ni la ULA, tres de las casas de estudio más antiguas y emblemáticas de las autónomas que hay en el país, pueden ver con claridad si podrán adecuarse a los nuevos conocimientos del siglo XXI, con el presupuesto que en la AN les acaban de asignar.
“Persiste la política de reducción presupuestaria hasta el colapso, que se ha repetido año a año”, coinciden autoridades de estas universidades. Pero precisan que, pese al empeño gubernamental en asfixiarlas desde 2012, seguirán defendiendo sus espacios y valores democráticos por encima de cualquier adversidad.
La Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2022, que señala desear el despegue económico “para superar de una vez por todas las dependencias”, establece 62.379 millones de bolívares, equivalente a 13.412 millones dólares, para enfrentar el nuevo año 2022.
En la Exposición de Motivos, el gobierno de Nicolás Maduro indica que “el presupuesto se orientará, dentro de la coyuntura actual, a la ejecución de una economía de mantenimiento”. Esto para “recuperar las capacidades” afectadas por las circunstancias económicas y operativas ocasionadas por la COVID-19 y por las sanciones”.
Aunque se informó que el monto de esta Ley aprobada por la AN el 16 de diciembre, es 1470 % más alto que el año anterior, no le reserva futuro prometedor a estas universidades y, en general, a la educación superior.
Lo que percibirán las universidades
Del total del presupuesto 2022 por 62.379.455 bolívares, las “universidades nacionales” de las que no se precisa la cantidad, recibirán asignaciones presupuestarias por 242.401.000 bolívares. Registros oficiales indican que hay más de cuarenta y solo ocho son “nacionales autónomas”.
No obstante, la Ley de Presupuesto señala escuetamente que estas dispondrán en total de 960.416.000 bolívares (1,5 % del total de Egresos) “con otras fuentes de financiamiento” que aportarán 718.015.000 bolívares, de acuerdo con la Ley Especial de Endeudamiento Anual 2022. Una de esas fuentes es el Consejo Nacional de Universidades (CNU) que manejará directamente 468.213.000 bolívares (3 %).
La Ley de Endeudamiento que representa 5.662.491.000 de bolívares refiere que para las universidades nacionales, “como organismos de autonomía funcional”, el Gobierno, a través del Ministerio de Educación Universitaria, se propone “contribuir con la consolidación y profundización de la educación, la investigación científica, la aplicación de la ciencia y tecnología en beneficio del desarrollo material y económico del país”.
Por concepto de créditos presupuestarios por transferencias al sector público los recursos alcanzan 15.632.105.000 bolívares a entes descentralizados y representan 26,7 % del gasto total. Apenas 3,1 % (492,2 millones de bolívares) son para las universidades nacionales, según información de la AN. Frente a estas, la Universidad Militar Bolivariana solamente recibirá 1,2 % de las transferencias (148,8 millones de bolívares).
El reparto con Educación
Por su parte, para el ejercicio económico financiero 2022 del Ministerio de Educación Universitaria los recursos asignados son 2.507.328 de bolívares. Esto representa 4 % del total de 46.104.029.000 de bolívares de las asignaciones a “organismos con participaciones puntuales” por concepto de egresos, lo que equivale a 73,9 % del total del presupuesto nacional.
Por la vía de recursos para la Ciencia y Tecnología, del total de los recursos asignados, Bs. 61.835 miles, corresponden a ingresos ordinarios, a proyectos por endeudamiento Bs. 34.481 miles y otras fuentes Bs. 2.778.610 miles. Al Ministerio para Educación Universitaria le fue asignado 4,4 % (126.276,000 bolívares).
Además, el ministerio tendrá 226.753.000 bolívares, es decir, 2,4 % de los recursos asignados “para la compra de bienes y servicios estarán orientados a cubrir el funcionamiento de los órganos del Poder Nacional, que permitirán la dotación de materiales y suministros, y con los requerimientos de servicios básicos, viáticos, alquileres, mantenimiento y reparaciones menores de equipos, entre otros”.
El despacho como órgano rector de las actividades vinculadas al sistema educativo a nivel universitario está llamado en la Ley “a garantizar el derecho a la educación con calidad y pertinencia mejorando el proceso de ingreso, prosecución y egreso del nivel universitario”.
La educación superior venezolana está conformada por ocho universidades nacionales autónomas, 21 experimentales, otras 14 nacionales públicas, además de 49 universidades privadas.
LUZ: Sin presupuesto para funcionar
La rectora de LUZ indica que los recursos para los proyectos de pregrado, posgrado, extensión e investigación de la universidad se aprobaron. “Nos dieron 84 % de lo solicitado”, dice sorprendida porque “lo aprobado casi siempre llega al 3 %”. Sin embargo, no les asignaron recursos para el funcionamiento ni el mantenimiento de la universidad. “Y tampoco para los gastos de personal activo y jubilado”.
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Con información de Crónica Uno