Un borrador del texto constitucional, que fue difundido en medios de comunicación el pasado 13 de septiembre, alertó a un grupo de abogados especialistas en materia penal, constitucional y derechos humanos.
La directora de la organización no gubernamental Justicia y Proceso Venezuela, Theresly Malavé, advirtió que el proyecto viola el derecho a la propiedad privada, la libertad económica y la libertad de expresión.
El derecho a la propiedad privada fue reformado, la libertad económica eliminada y la libertad de expresión condicionada, sostiene la abogada.
“Cualquier opinión que se diga en contra de la revolución puede ser considerada como terrorismo o constituyen intolerancia política, lo que promueve la autocensura”, advierte.
Sobre la propiedad particular señala que “queda suprimida la disposición del bien y cuando esto ocurre, significa que el ciudadano no puede hacer nada con su inmueble, ni alquilar ni vender”.
El borrador del texto constitucional establece que las tierras son de propiedad social; es decir, de todos los seres humanos. Una flexibilidad que puede dar pie a las expropiaciones a juicio de Malavé.
En cuanto a la propiedad colectiva se señala que es aquella que pertenece a una organización de carácter social, como los consejos comunales.
El presidente de la comisión constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Hermann Escarrá, negó que este borrador es el proyecto que desarrollan los constituyentes.
Sin embargo, el grupo de abogados conformado por la exmagistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León; el abogado especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, Omar Mora Tosta; el abogado constitucionalista, José Vicente Haro; y Malavé, afirman sentir preocupación porque la Constituyente “trabaja bajo la sombra” el nuevo articulado.
Haro subrayó que cualquier documento o proyecto que surja de la ANC es nulo y evocó el artículo 138 establece que: “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
Mientras que Mora Tosta afirmó que el Gobierno convertirá en delito de traición a la patria cualquier protesta que se produzca en reclamo de derechos humanos.
El abogado agregó que en el proyecto de Constitución se busca extender el periodo presidencial a siete años y darle más poder a las comunas.
Con información de Efecto Cocuyo