Un foco de abusos y excesos. Para el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) eso es lo que es la Operación Liberación del Pueblo (OLP), iniciativa que denunció ha dejado por el país una estela de violaciones a las garantías fundamentales entre las cuales destacan miles detenciones arbitrarias e irrupciones a hogares; y cientos de presuntos ajusticiamientos desde que se puso en marcha en julio de 2015.
El señalamiento figura en el informe anual correspondiente a 2015 que la agrupación presentó hoy en Caracas y en el que reveló que registró 17.337 violaciones a la libertad personal, cifra que es 496% superior a la de 2014.
En promedio en algunos operativos más de mil personas han sido aprehendidas, pero menos del 10% han terminado en el Ministerio Público y los tribunales bien sea porque estaban solicitados o porque fueron agarrados infraganti delinquiendo, según ha reconocido el propio Ministerio del Interior.
Por si fuera poco en no pocas ocasiones los detenidos han sido maltratados. La agrupación dijo haber registrado mediante lo publicado en la prensa, denuncias que ha recibido en su sede y en visitas a los lugares donde la OLP ha actuado 18.184 casos de malos tratos, número que es 902,43% superior al del año previo.
Asimismo denunció que contabilizó 17.125 casos de allanamientos sin la respectiva orden judicial, cifra que representa un incremento de 33.754% en comparación con los 51 casos que contabilizó en 2014.
Provea denunció en algunos operativos 4.000 viviendas fueron visitadas ilegalmente por uniformados, sin la presencia de fiscales y en no pocas de esos “inspecciones” –como las llaman las autoridades- se produjeron denuncias de hurtos y destrozos a la propiedad de los ocupantes.
También se hizo eco de la información suministrada por el Ministerio Público en su informe anual, donde anunció que estaba investigando las circunstancias en las que 245 venezolanos perdieron la vida en el marco de estos operativos.
En su reporte, la agrupación contrastó este anuncio con “el silencio” que ha guardado el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, pese a todas las denuncias y quejas que su despacho ha recibido sobre esta iniciativa. Para Provea el mutismo de Saab “se ha convertido en un aval para la impunidad”.
La Operación Liberación del Pueblo (OLP) es el último plan del Gobierno de Nicolás Maduro para combatir el crimen y en él participan junto a policías miles de funcionarios de la Guardia Nacional (GN). Precisamente la implicación de los efectivos castrenses han sido cuestionado por agrupaciones nacionales y extranjeras de Derechos Humanos, por ir en contra de los estándares internacionales.
Fuente: EL UNIVERSAL
Fecha: 24/05/16