A nivel nacional desde enero hasta septiembre de 2019 fueron reportados 34 casos de torturas que incluyeron a 554 víctimas individuales. Esto representa un aumento del 508,25% respecto a 2018. Además, es una cifra récord en los 31 años de monitoreo realizado por Provea.
La ONG señala que, debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un sub-registro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de casos de torturas.
En cuanto al perfil de las personas sometidas a estos casos se encuentran hombres, jóvenes y pobres. De acuerdo a los datos ofrecidos por el informe: el 98,55% de las víctimas individualizadas fueron de género masculino, mientras que el 0,90% pertenecen al género femenino. En el restante 0,54% de las víctimas no pudo identificarse el género.
Las edades de las víctimas oscilaron entre los 18 y los 50 años, y la mayoría de las lesiones infligidas a estas personas consistieron en golpes; culatazos; descargas eléctricas; crucifixión; patadas e insultos.
La tipología de los casos de tortura se encuentra: 408 personas fueron privadas de libertad por delitos comunes, 124 militares acusados de conspiración y 22 civiles detenidos por razones políticas o protestas.
Entre las autoridades involucradas se encuentran: la Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Con información de Efecto Cocuyo