Faes con poder. Desde que se emitió el primer informe de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno de Nicolás Maduro, ha hecho caso omiso a una de sus principales recomendaciones: la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Para la oficina de Bachelet, en Venezuela se debe establecer una comisión independiente para llevar a cabo una investigación que permita enjuiciar a responsables y reparar a las víctimas de las presuntas ejecuciones extrajudiciales realizadas por el cuerpo élite de la PNB.
Pero Nicolás Maduro ha dado más poder a las Faes. Dos semanas después de emitido el informe de la Alta Comisionada, el 17 de julio de 2019, el mandatario chavista le dio todo su respaldo al grupo que la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha clasificado como de exterminio.
“Todo el apoyo para las Faes en su labor diaria para darle seguridad al pueblo de Venezuela, ¡que viva el Faes!”, declaró el mandatario nacional durante el acto de grado ante 2 mil nuevos funcionarios policiales.
El respaldo de Maduro a las Faes ha sido constante y público. Dos días después de la actualización del informe oral de Bachelt, el 20 diciembre de 2019, el gobernante anunció durante los asensos del décimo aniversario de la PNB, que su gobierno va a “fortalecer, expandir y profesionalizar” al grupo policial.
La reacción del mandatario chavista se da tras lo expresado en el documento emitido por la Alta Comisionada, que asegura que desde agosto a diciembre de 2019, su oficina ha documentado nuevos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales por los miembros de las Faes, “principalmente en contra de jóvenes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales”.
Cómo opera las Faes
En su visita a Venezuela, el pasado 19 de junio de 2019, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh) entrevistó a familiares de 20 hombres jóvenes asesinados por las Faes. Esta oficina identificó un modus operandis similar en la mayoría de las muertes denunciadas.
Los funcionarios irrumpen en los hogares, toman sus pertenencias, ejercen violencia de género contra mujeres y niñas y separan a los jóvenes de sus familias antes de dispararles. Luego manipulan la escena del crimen y las pruebas. Plantan armas, drogas y disparan contra las paredes o al aire para simular enfrentamientos.
Un informe publicado en septiembre de 2019 por Human Rights Watch señala que los agentes armados de las Faes visten uniformes negros y en varios casos, llevaban el rostro cubierto. En la documentación indican que los funcionarios llegan en vehículos negros sin matrícula e irrumpen en las viviendas de barrios pobres.
Este “escuadrón de la muerte”, como lo llamaron los entrevistados por la Acnudh, fue creado en abril de 2016 por el Ejecutivo venezolano. Desde 2016 hasta 2019, en el país las autoridades gubernamentales han reportado que 17.993 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad del Estado en situaciones de supuesta “resistencia a la autoridad”.
Cifras
Hasta el momento no se tiene detalle de cuántas víctimas de ejecuciones extrajudiciales se desprenden de los casi 18 mil muertos en los presuntos enfrentamientos con las autoridades. La información analizada por el Acnudh indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.
En septiembre de 2019, en la actualización de su informe sobre DDHH en Venezuela, Bachelet aseguró que ha seguido “documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Faes en algunas zonas del país”.
La Alta Comisionada hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas, que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio de 2019, en la ciudad Caracas.
En los primeros meses del año 2020 Monitor de Víctimas ha documentado en sus estadísticas al menos 276 muertes violentas en los estados que la ONG monitorea. Mientras que la ONG Proiuris registra que entre enero y febrero de este año hubo 130 muertos a manos de las Faes en las regiones que hacen seguimiento.
Para la oficina de la Alta Comisionada, el gobierno de Maduro no ha evidenciado ninguna voluntad de atender su petición de disolver las Faes o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales en el país.
Denuncias
Provea denunció que las Faes aplican “una política de limpieza social” en todo el país y que entre agosto de 2018 y agosto de 2019, solo en el estado Lara, el grupo policial asesinó a 238 personas. Según la ONG la mayoría de las víctimas son hombres, incluso adolescentes de entre 16 y 17 años.
“Se ha venido aplicando una política de limpieza social porque en este país cualquier persona que viva en barrios, que tenga antecedentes penales está condenada a la muerte en un operativo policial”, dijo Marino Alvarado, miembro de la junta directiva de Provea.
Una investigación la ONG Proiuris identificó 16 patrones en las ejecuciones realizadas por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. En ellas destacan la irrupción violenta en residencias y domicilios, la concentración de la actuación policial en barrios pobres, las víctimas más frecuentes son hombres jóvenes en edad productiva, presuntos enfrentamientos calificados jurídicamente como resistencia a la autoridad.
Proiuris analizó 51 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en los que revela que los agentes del Estado operan de manera articulada. Las víctimas sobrevivientes desmintieron las versiones oficiales sobre presuntos enfrentamientos entre policías y delincuentes, que son calificados jurídicamente como casos de “resistencia a la autoridad”.
Escuadrón de persecución política
Las Faes no solo ejecutan extrajudicialmente a los jóvenes de los barrios pobres del país. El grupo policial ha sido clave para la persecución de algunos dirigentes que oponen al régimen de Nicolás Maduro.
El grupo ha participado desde detenciones arbitrarias hasta allanamientos sin órdenes judiciales. Las últimas detenciones de las Fuerzas de Acciones Especiales son el diputado a la Asamblea Nacional, Gilber Caro, su asistente Víctor Ugas y el diputado Ismael León.
El grupo también ha frustrado la realización de las actividades de calle de la oposición venezolana. El pasado 23 de enero, la concha acústica de La Paz, ubicada en la urbanización El Paraíso al oeste de Caracas, fue rodeada por funcionarios de las Faes para impedir la realización de una sesión solemne de la AN.
Las Faes también ha mostrado sus roces con los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas penales y Criminalística (Cicpc). El pasado 19 de febrero los funcionarios de ambos cuerpos policiales protagonizaron una pelea en la autopista Prados del Este, tras la detención de dos supervisores de las Faes presuntamente implicados en un secuestro.
En marzo de 2018, los funcionarios de la policía científica intentaron realizar la aprehensión de funcionarios de la PNB en Agua Salud. Tal acción ocasionó un encontronazo entre los agentes de los dos cuerpos policiales.
Con información de Efecto Cocuyo.