Luego de conocerse la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la respuesta internacional no se hizo esperar.
La reacción más firme la protagonizó Perú, que por medio de la Cancillería condenó la decisión de la máxima instancia judicial y frente a la gravedad de los hechos decidió retirar de manera definitiva a su embajador en Venezuela, Mariano López Chávarry. El diplomático se encontraba en territorio peruano desde que fue llamado a consulta luego de que el mandatario Nicolás Maduro criticara al presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Chile tomó la decisión de llamar a consulta a su embajador en el país, Pedro Ramírez Ceballos, de quien esperan que informe “sobre el agravamiento de la situación en Venezuela».
«El llamado a informar es una expresión de la máxima preocupación respecto de los hechos que están ocurriendo. Todos saben lo que significa el llamar a un embajador a informar, de modo que se pueden sacar las conclusiones que corresponden», indicó el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz.
La Cámara de Senadores de Bolivia pidió a José Alberto Gonzales, presidente del órgano legislativo, ordenar el retiro inmediato del embajador en Venezuela, Luis Trigo. Los diputados consideran que en el país se ha quebrantado el orden democrático. «Este atentado contra la democracia no ha pasado desapercibido ya que varios estados interamericanos han manifestado su repudio a este acto con tintes dictatoriales».
Elecciones
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, condenó la decisión del TSJ de «usurpar los poderes de la Asamblea Nacional electa democráticamente». Hizo un llamado al gobierno venezolano a permitir que la Asamblea Nacional ejerza sus funciones constitucionales.
Instó a que se llame a elecciones lo más pronto posible y reiteró la petición de Estados Unidos de que los presos políticos sean liberados.
El gobierno de Panamá expresó su profunda preocupación ante la medida. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la sentencia “agrava la situación política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela”.
“Panamá hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas”, refirió un comunicado en el que solicitan que se retome el diálogo que permita que gobierno y oposición se entiendan.
La cancillería de Colombia evidenció su preocupación ante la medida, incluida, las restricciones de la inmunidad parlamentaria de los diputados electos por el pueblo, así como el desconocimiento del Estado de Derecho.
El gobierno de Canadá también manifestó su preocupación debido a la que la sentencia suspende “los poderes legislativos de la Asamblea Nacional democráticamente electa”.
Principios democráticos
Argentina reivindicó la importancia de la plena vigencia en Venezuela del Estado de derecho y de los principios democráticos, entre ellos, la separación de poderes y el respeto por la libre expresión de las ideas
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitió un comunicado en el que reafirmó lo firmado junto con otros países suramericanos el pasado 23 de marzo, a la hora de reiterar que el diálogo y la concertación política son los únicos caminos para resolver la situación de crisis que afronta Venezuela.
El gobierno de Brasil consideró que en el país se produjo una ruptura constitucional y convocó a todas las partes a la ponderación y el diálogo. “El pleno respeto al principio de la independencia de los poderes es esencial para la democracia. Las decisiones del TSJ violan ese principio y alimentan la radicalización política del país”, refiere un comunicado de la Cancillería.
El canciller de México, Luis Videgaray, expresó que el gobierno de ese país está preocupado por lo que considera “un deterioro del orden democrático en Venezuela”.
A través de un comunicado, Guatemala reiteró su convicción de preservar «el Estado de Derecho, el apego a las normas constitucionales, la separación de poderes, la libre expresión del pensamiento y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, valores esenciales para conservar y consolidar una democracia representativa» en Venezuela.
El Congreso de Costa Rica indicó que la actuación del TSJ es uno de “los más graves atropellos al Estado de Derecho”, por tanto la Asamblea Legislativa condenó la “violación al régimen democrático” y repudió este acto que “se convierte en un golpe de Estado”.
La Unión Europea pidió un “calendario electoral claro» en Venezuela y llamó a «respetar la Asamblea Nacional y a todos sus miembros».
«Las recientes resoluciones (…) están poniendo en tela de juicio los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y restringiendo la inmunidad parlamentaria de sus miembros, elegidos democráticamente por el pueblo venezolana», refirió un comunicado de la UE.
Con información de: El Nacional
Fecha: 31 de marzo de 2017