La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió la fase 3 del examen preliminar por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La especialista en derecho internacional público y vocera del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Sara Fernández, y la doctora en derecho también colaboradora de Cepaz, Thairi Moya, explican qué significa este avance.
De acuerdo con la abogada Fernández, la fase 3 es la fase de admisibilidad, en este proceso la Fiscalía se rige por el artículo 17 del Estatuto de Roma.
“Para el análisis de admisibilidad, la Fiscalía va a evaluar la situación en términos de dos elementos que son la complementariedad y la gravedad. Para analizar la complementariedad, se hace un examen sobre la existencia de procedimientos nacionales en relación con los casos que pudieron surgir en el examen preliminar y, en caso de que existan investigaciones o juicios nacionales, la Fiscalía va a evaluar la pertinencia y autenticidad de los mismos”, señala.
Es decir, la Fiscalía va a verificar si los procedimientos abiertos en Venezuela coinciden con las investigaciones que está haciendo y va a revisar cuál es el estatus de estos, si han sido juzgados los perpetradores, qué acciones se han llevado a lo interno para traer justicia a las víctimas, etc, complementa Moya.
En cuanto al elemento de gravedad, la especialista Sara Fernández, agrega que la Fiscal Fatou Bensouda deberá realizar un análisis de la escala, la naturaleza y la forma en la que se cometieron los crímenes así como el impacto que tuvieron sobre las víctimas.
Ambas expertas subrayan que ni el Estatuto de Roma ni ningún documento de la Fiscalía establecen plazos para la culminación del examen preliminar que consta de cuatro fases; sin embargo, la Fiscalía de la CPI ha manifestado su intención de concluirlo en el primer semestre de 2021.
¿Después del examen qué viene?
Al concluir el examen preliminar se pueden dar dos escenarios: 1.- Se abre una investigación formal contra los responsables señalados o 2.- Se cierra la investigación. En caso de cerrarse el proceso, los Estados que remitieron información a la Corte Penal Internacional (CPI) pueden recurrir a la sala de cuestiones preliminares y solicitar que se reconsidere la decisión.
En 2018, los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron investigar supuestos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela bajo el mandato de Nicolás Maduro.
Si se abre una investigación formal, la abogada Sara Fernández afirma que la Fiscalía identificaría los casos que surgieron del examen preliminar para iniciar una investigación y pediría órdenes de arresto para los presuntos máximos responsables de los delitos que se están investigando.
Al ser consultada sobre la posible negativa de los cuerpos de seguridad venezolanos a materializar las órdenes de captura, la abogada Thairi Moya responde que la CPI “tiene diversos métodos para llevar a cabo órdenes de captura”. “Las capturas se han hecho con base en la cooperación internacional, todos los Estados están obligados a colaborar con la Corte. En un país con Estado de Derecho, deberían ser las autoridades nacionales quienes lleven a cabo esas órdenes de captura, pero cuando se han dado casos de altos representantes de un gobierno ha sido un tanto difícil más no imposible”, expone.
Recordó el caso del expresidente de Liberia, Charles Ghankay Taylor, el primer jefe de Estado procesado, juzgado y condenado por un tribunal penal internacional en 2012.
Sobre la visita del fiscal, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, a la CPI, Moya recordó que Nicolás Maduro es reconocido por el sistema de Naciones Unidas como presidente de Venezuela, entre otras cosas porque ejerce el poder y el control territorial. No obstante, el viaje de Saab “no quiere decir que la información que suministra el Estado venezolano va a silenciar los esfuerzos que se están llevando ante la CPI. Venezuela es parte del Estatuto de Roma y está obligado a informar a la corte sobre sus actuaciones”.
Para 2021 se debe producir la elección de un nuevo Fiscal de la Corte Penal Internacional, las abogadas descartan que esto afecte negativamente el avance del caso Venezuela. “No es algo de que preocuparse, de hecho le da más legitimidad a este órgano de justicia porque se garantiza la alternabilidad en el puesto”, expresó Moya.
Con información de Efecto Cocuyo