Una crisis severa y un Estado represivo que ejerce un «control perverso» contra los ciudadanos, es el diagnóstico que tiene Venezuela en materia de Derechos Humanos, que han dejado a su población más vulnerable tras los contagios de COVID-19 registrados en el país, así lo asegura Rafael Narváez, abogado y coordinador de la asociación civil de Defensa por los Derechos Civiles.
Su análisis deriva de las recientes protestas que se han registrado en el país en el contexto de la cuarentena, que han dejado detenidos y torturados a su paso por reclamar mejores condiciones de vida, servicios públicos y abastecimiento de gasolina, tras el caos provocado por el nuevo plan de distribución de combustible y el esquema de precios mixtos que dolariza un servicio que por años fue obtenido casi gratis.
¿Está Venezuela a las puertas de una implosión social por la cantidad de protestas registradas esta semana tras el aumento de la gasolina y el esquema de racionamiento?
Lo que ocurre en el país deja en evidencia que tenemos un Estado que desprecia al ser humano. La gasolina aumentada en dólares es un acto criminal, porque el artículo 21 de la Constitución estable que todos somos iguales y cuando divides a la sociedad aplicando un precio que lo pueden pagar sólo aquellos que manejen divisas, estás discriminando. En ese artículo se establece que no se acepta discriminación por raza, por credo, por color por política y todos estos principios son vulnerados en la nación, porque quienes tienen el poder ejercen una Constitución de bolsillo.
En Bolivia el pueblo logró sacar a Evo Morales con protestas y en Estados Unidos la chispa de un hecho concreto de violación a los Derechos Humanos hizo estallar de irá a su población. En Venezuela tenemos condiciones mil veces peores y no pasa nada, ¿Es culpa de la población y del liderazgo político?
El liderazgo político está todo en la cárcel. No es que el pueblo y el sector político no han reaccionado, claro que lo han hecho, pero a diferencia de Bolivia o de Estados Unidos aquí las Fuerzas Armadas que deben ser el sostén de la democracia, lamentablemente están arrodilladas al poder ejecutivo y en esa misma situación está el Ministerio Público y el Poder Judicial. Allá las FANB se pusieron de lado del pueblo, aquí el pueblo está crucificado, este es un país que ya no tiene derechos, porque no hay Derecho Humanos que el Estado ya no haya violado.
Habla de que todos los poderes están arrodillados al gobierno, pero ¿cómo evalúa a la Asamblea Nacional?
La sentencia número 65 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que valida la junta directiva de Luis Parra, es sumamente grave para la democracia, porque representa la involución del derecho. Establece acabar con la soberanía popular que reside en el voto directo y secreto, que la ciudadanía depositó en 2015 para darle un mandato al parlamento, pero entre el TSJ y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que se ha convertido en un paredón judicial, emanaron una sentencia que aniquila a la Asamblea Nacional, la pulveriza.
¿Puede ser aniquilado el único poder en Venezuela que es reconocido por más de 56 países democráticos?
El parlamento puede ser reconocido a nivel mundial, pero en Venezuela el Estado no lo reconoce, el TSJ y la ANC tampoco, entonces tú dices ¿esos poderes públicos son legítimos?, no lo son, han perdido su autonomía, son sometidos a un sistema partidista y contra ese poder tan fuerte, bélico, represivo, no es fácil enfrentar a un sistema cuando tiene las bayonetas, y parte de ese plan es seguir sometiendo al pueblo a una cuarentena social.
¿En qué condiciones está el país luego de estos tres meses de confinamiento obligado?
Es un pueblo indefenso, lleno de temor y el Estado estudió esa conducta. Ve el caso Barquisimeto, lo que ha pasado en la urbanización Antonio José de Sucre, sus habitantes protestaron y las FAES los recibió con perdigones, grupo exterminio que ha implantado el Estado para contener el descontento a través de la represión, allanamientos, detenciones arbitrarias. Allí ocurrió algo insólito en el mundo, la detención de un muchacho en condición especial, una total violación de los Derechos Humanos.
¿En cuarentena a qué nivel de miseria han llevado al venezolano?
Al desprecio total. La única seguridad social que quedaba en Venezuela era el acceso a la gasolina, lo demás que otorga el Estado a sus adeptos para mantener el control social, como las cajas CLAP, esos son migajas, buruzas. La gente ha tenido que soportar un calvario por el colapso de los servicios públicos, donde no hay gas doméstico, donde la electricidad falla, que el agua es un lujo porque la gente tiene que pagar cisterna y que la hiperinflación se ha ido comiendo el salario que es calculado en bolívares, pero se fijaron 27 productos básicos a precios en dólares, aun cuando la Constitución establece que la única moneda de circulación nacional es el bolívar. Entonces, pretenden hacer ver que el Estado ha planteado la paz, pero es amor con represión, con látigo.
¿Qué opina del acuerdo que firmó el gobierno interino de Guaidó con Nicolás Maduro y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que ingrese la ayuda humanitaria?
Que evidencia madurez en ambas dirigencia, pero hay que aclarar, el acuerdo es para salvar vidas, el salvar vida no tiene color político, esa es una acción de la OPS donde buscan un mecanismo de ayudar a Latinoamérica en el caso de Venezuela y colocaron un punto de encuentro, un equipo de salud que está con la oposición y un equipo de salud que está con el gobierno.
¿Es este el primer indicio de una transición en el país?
No, yo no hablo de transición, cualquier acuerdo que haya por la salud yo pienso que beneficia al ser humano, si los políticos lo ven como para ganar puntos eso es un problema de ellos.
Con información de La Prensa de Lara