Desde el año pasado la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional ha recibido 2855 denuncias contra funcionarios de seguridad por violaciones de derechos humanos durante procedimientos desplegados en el Distrito Capital, Carabobo, Aragua y Miranda. La mayoría son agentes del Cicpc, la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional. De esa cantidad, el 8%, es decir, 228 denuncias corresponden a robos y homicidios. Hasta ahora la mayoría de los involucrados en estos crímenes no han sido encarcelados y continúan en sus cargos.
Múltiples actividades ilícitas
La participación de funcionarios policiales y militares en crímenes se ha convertido en algo recurrente. Entre los meses de enero y febrero el Ministerio Público notificó sobre la acusación y medidas de privativa de libertad contra 53 militares, en su mayoría pertenecientes a la GNB, y otros 26 hombres de la PNB por su incursión en hechos delictivos. 60% de las imputaciones corresponden a homicidios y el resto a tráfico de drogas, robo agravado, extorsión, secuestro, falsificación de firmas, contrabando, soborno y desaparición forzosa.
El abogado Luis Izquiel, investigador en materia policial, indicó que la descomposición acelerada de los cuerpos de seguridad en el país ha incidido en el repunte de crímenes cometidos por funcionarios.
«Esto se debe a que se han flexibilizado los requisitos para el ingreso de hombres y mujeres: los aceptan con antecedentes y en algunos casos sin aprobar las pruebas psicológicas y aptitudinales para optar al cargo de oficiales», explicó el experto.
Una fuente de la Universidad Experimental de la Seguridad reveló que en virtud de que Nicolás Maduro anunció la incorporación de 10.000 agentes de la PNB, han permitido el ingreso de nuevos aspirantes que son reprobados en los test psicológicos y en las prácticas policiales.
La idea es cumplir con la meta establecida en lo que respecta al número de hombres, aun cuando los seleccionados no estén preparados.
A esto se le añade que son pocas las depuraciones en los cuerpos de seguridad para limpiarlas de funcionarios con vicios. De acuerdo con Izquiel, en el último año solo fueron intervenidas las policías de Chacao y de Maturín. «Estos procedimientos obedecieron a razones políticas. No hay una purga dentro de la PNB ni de la GNB, que son los organismos que lideran las cifras de crímenes», explicó Izquiel.
En 2014 Freddy Bernal fue designado presidente de la Comisión para la Reforma Policial y su función se centraba en el funcionamiento de la PNB y otros cuerpos policiales. Durante su gestión fueron intervenidas Policaracas, la Policía del municipio Tinaco, La Ceiba de Trujillo y la de Cristóbal Rojas en Miranda. Estos procedimientos no dieron resultados.
Con información de: El Nacional
Fecha: 06 de marzo de 2017