Tal como si se tratara de una película de narcotraficantes, fue la escena que presenciaron barquisimetanos y caraqueños cuando funcionarios del Sebin armados rodearon los despachos del alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, el 19 de febrero de 2015; y del alcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos el 28 de junio de 2017, para sacarlos a la fuerza y encarcelarlos en El Helicoide.
Ambos dirigentes recordaron los momentos de tortura psicológica, persecución y violencia a los que fueron sometidos como presos políticos. Sus nombres forman parte de las violaciones de Derechos Humanos que se han cometido en Venezuela, y aparecen reflejados en el informe de la Misión de Verificación de Hechos de la ONU divulgado el 16 de septiembre.
El documento detalla que el aparato estatal ha actuado de forma represiva contra 12 alcaldes en ejercicio. Que en el periodo de las protestas políticas de 2017 fueron destituidos de sus cargos, inhabilitados políticamente y condenados a prisión. Cinco de ellos pisaron las celdas de seguridad entre los que están además de Ledezma y Ramos, Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal en Táchira; Enzo Scarano, exalcalde de San Diego en Carabobo, Delson Guarate, exalcalde de Mario Briceño Iragorry en Aragua.
Represión tocó a 12 alcaldes condenados como delincuentes de LaPrensaLara
Otros cinco escogieron el exilio, y dos fueron retenidos por varias horas en destacamentos policiales. A la lista se le suman 32 diputados de la Asamblea Nacional con inmunidad parlamentaria allanada, entre los que destacan seis legisladores: Gilber Caro, Ismael León, Renzo Prieto, Édgar Zambrano, Tony Geara y Juan Requesens que estuvieron tras las rejas.
El peor día
Los sacaron más de un centenar de funcionarios encapuchados del Sebin y con armas largas. Alfredo Ramos recuerda cómo hace tres años y a pocos meses de que se realizaran elecciones municipales, llegó una comisión especial del Sebin enviada desde Caracas a su oficina en la alcaldía. Le sorprendió que actuaran tan rápido, porque a las seis de la tarde del 28 de junio de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia publicó la sentencia de su condena a 15 meses de prisión, con el argumento de que no evitó las barricadas formadas en Barquisimeto en el contexto de las protestas políticas.
«Ir a la cárcel es una tortura, sobre todo cuando uno es inocente, y a mí me llevaron como si yo fuese el delincuente más peligroso del país», sostiene. Estos funcionarios llegaron acompañados de guardias y colectivos armados. Lo sacaron esposado hasta la sede del Sebin en la calle 60, donde se reprimió una protesta de la sociedad civil que exigía su liberación. Al día siguiente lo montaron en un avión que aterrizó en el Aeropuerto de Charallave.
«Ahí me estaban esperando más de 300 funcionarios en camionetas blindadas, motos y patrullas y paralizaron toda la autopista Regional del Centro para llevarme directamente a las instalaciones de El Helicoide. Se tomaban fotos conmigo como si yo fuera una presa, un trofeo», relató.
Indicó que los 155 días que permaneció detenido lo intentaron meter en un celda de tortura, le tocó dormir en el piso y permaneció la mayoría del tiempo en una oficina que siempre estuvo iluminada. «Duré dos meses sin ver el sol y 30 días sin hablar ni ver a mi familia. Todos los días a las 6:00 am me tomaban fotos, me levantaban a la una de la madrugada para ponerme el canal 8 (VTV). Cuando podía ir a tomar sol me grababan y nunca podía ir al baño solo», mencionó.
Las condiciones infrahumanas a las que fue sometido le provocaron una crisis hipertensiva y no le permitieron el ingreso a sus familiares de los medicamentos necesarios para tratarla. «De tanto pedir que fuera un cardiólogo por fin se dignaron a enviarme a un especialista, pero cuando le pedí que me trasladaran a un hospital su respuesta fue: La única manera de sacarlo de aquí es que se este muriendo, me lo dijo de la manera más hostil posible», comentó.
Su condena culminó el 28 de octubre de 2018, pero a la fecha todavía el tribunal no ha emitido una boleta de libertad, denuncia que sigue siendo víctima de persecución política.
Mil días preso
Firmar el documento de «Acuerdo de Transición», el 11 de febrero de 2015, le costó a Antonio Ledezma, exalcalde mayor de Caracas, una estadía en las celdas del Sebin en El Helicoide por más de mil días. El TSJ dictaminó el 18 de febrero de ese mismo año que el dirigente opositor estaba implicado en delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. Durante su única audiencia ante el tribunal se determinó que debía pasar 26 años en la cárcel, por apoyar «La Salida», que Leopoldo López, líder de Voluntad Popular y María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela proponían al país para promover el cambio político.
«La puerta de mi despacho la abrieron a mandarriazos funcionarios encapuchados del Sebin. La orden la dio Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. De allí me sacaron en medio de un arsenal de guerra, funcionarios con fusiles, tanquetas, custodiaban el edificio de la Alcaldía Metropolitana. Me llevaron a El Helicoide y le ocultaron a mi esposa el sitio de reclusión, estuve para ella desaparecido hasta la medianoche», confesó Antonio Ledezma desde su exilio en Madrid, España.
La experiencia vivida se asemeja a la de Ramos en cuanto al trato que recibió de sus custodios. «La tortura fue estar encerrado en un cuartucho, rodeado de hombres armados desde las garitas. Cuando salía al patio a llevar sol siempre me apuntaban. Todas las noches que pasé en la mazmorra escuchaba pitos ensordecedores que sonaban cada media hora», apuntó.
Ledezma estuvo además una semana privado de libertad en la Cárcel de Ramo Verde, en Los Teques, Miranda cuando en su arresto domiciliario otorgado por complicaciones de salud llamó a protestar a la población venezolana a través de un video publicado en redes sociales. Esa detención la aplicaron el primero de agosto de 2017. «Fueron cinco funcionarios del Sebin, me llevaron a empujones, me metieron en un cajón de la patrulla, me esposaron, y me rompieron el pie derecho. Al llegar a Ramo Verde me metieron en la celda El Tigrito que sólo tenía una colchoneta, era un lugar pestilente. El frío no me dejaba dormir», comentó.
Estas actuaciones contra exalcaldes que para el momento de su detención estaban en pleno ejercicio de su funciones, son catalogadas por Radamés Graterol, politólogo, como un ataque recurrente que emplea el gobierno para acabar con la pluralidad política en Venezuela. «Terminan judicializando el pensamiento crítico, así actúan los gobiernos no democrático, coaccionan a la oposición, haciendo uso de la fuerza para castigar los derechos ciudadanos que están establecidos en la Constitución», indicó.
Sostiene que el chavismo ha tratado de neutralizar a todos los dirigentes políticos con peso popular que pudieran disputarle el liderazgo al PSUV, para que no concurrieran posteriormente a ninguna elección.
Decidieron no arrodillarse
«Yo decidí no ir preso y me escapé al exilio. Sí persiguieron a mi familia y la hostigaron, pero eso es nada al lado de los crímenes de lesa humanidad que refleja el informe de la Misión de la ONU sobre Venezuela», así lo expresó el exalcalde de Chacao Ramón Muchacho, quien el 09 de agosto de 2017 también fue condenado a 15 meses de prisión en El Helicoide en el Sebin y fue destituido de su cargo.
Comentó que los días previos a que el TSJ emitiera esta sentencia, los 12 alcaldes que fueron condenados a prisión recibieron amenazas de funcionarios del máximo tribunal. «Ya sabíamos lo que iba a pasar. Primero citaron a Gustavo Marcano, alcalde de Lechería, luego a David Smolansky y de último a mí. Ellos nos mandaron mensajes diciéndonos que si reconocíamos al TSJ nos dejaban tranquilos, pero decidimos no arrodillarnos», mencionó.
Tras su salida del país el gobierno activó una alerta roja de Interpol. El exalcalde tiene asilo político de Estados Unidos. Considera que el informe de la ONU es un llamado al mundo para que se incremente la presión sobre Venezuela. ¿Qué va hacer el mundo con el régimen de Maduro?, el régimen no hace sino disimular lo que pasa, pero se sigue matando gente y torturando», detalló.
Sigue el acoso
Prohibición de declarar a medios de comunicación social y de aparecer en manifestaciones públicas son las medidas que le aplicaron a Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal en Táchira, tras estar en dos ocasiones privado de libertad. La primera detención ocurrió el 8 de marzo de 2014, estuvo recluido en El Helicoide, sede del Sebin, le imputaron los delitos de rebelión y agavillamiento por apoyar las protestas políticas impulsadas por Leopoldo López en todo el país.
Ceballos recibió una medida cautelar, pero el 28 de agosto de 2016 lo volvieron a detener. Su esposa, Patricia de Ceballos, explicó en esa ocasión que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) sacaron a su esposo de su residencia en Caracas con «la excusa de una visita médica».
En 2014 al igual que Ceballos, el TSJ también ordenó la captura de Vicencio «Enzo» Scarano, para ese momento alcalde de San Diego en Carabobo, una de las ciudades donde estallaron las protestas políticas contra el gobierno.
Con informaciòn de La Prensa de Lara