En Venezuela existen al menos 57.000 voluntarios especializados en operaciones de búsqueda, salvamento y rescate, que en situaciones de conmoción o emergencias son el apoyo de las instituciones estatales, como Protección Civil. Sin embargo, el coordinador general del Instituto de Búsqueda y Salvamento (I-Sar), Jacobo Vidarte, alertó que estas organizaciones filantrópicas deben costearse 95% de los gastos.
«Siempre hemos dicho que somos organizaciones sin fines de lucro, pero sí con fines de gasto.
95% de los equipos de los grupos en el país es financiado por nosotros mismos. Los costos de un equipo como nosotros, que tenemos personas especializadas en búsqueda de montaña, comunicaciones, entre otros, son sumamente altos», dijo Vidarte, a propósito de su participación en el 1° Congreso de Planificación Estratégica, prácticas gerenciales y su impacto en Organizaciones Voluntarias.
Vidarte argumentó que, ante esa situación, los equipos voluntarios han tenido que establecer vínculos con la empresa privada y otras personas para poder realizar una labor de altura, especialmente en las situaciones de gran magnitud que ameriten la participación de estos especialistas en búsqueda y salvamento.
«Hemos recibido apoyo fundamental de varias personas del sector privado que han sido muy generosos con los voluntarios. Eso nos hace ser mucho más público y transparentes y también nos da mayor alcance de acción», explicó el experto con 30 años de experiencia en esa área.
Burocracia y Protocolo
Aunque existen en Venezuela institutos gubernamentales para la atención de emergencias y catástrofes, como Protección Civil y otras, Vidarte explicó que la relación entre el Estado y los grupos de rescate en el país es «desuniforme», pues existirían vínculos estrechos en solo algunos estados, mientras que en otros es más difícil la cooperación.
Esta situación tiene su punto álgido en el préstamo de equipos aéreos, terrestres y de cualquier tipo, para poder «colaborar» con la búsqueda y el salvamento. Vidarte relató que normalmente el protocolo y la burocracia impiden mayor respuesta efectiva en ese tipo de relaciones.
Detalló que en el caso de Carabobo, donde existen al menos 2.500 voluntarios registrados, aspiran a que se minimicen los aspectos burocráticos para poder facilitar equipos y atender las emergencias en la región.
Con este Congreso, realizado en el Hotel Hesperia, en Valencia y que contó con la participación de más de 124 personas, se espera avanzar hacia una especie de «estandarización» del criterio gerencial de los grupos de rescate, que normalice y ubique en mejor punto las relaciones entre los voluntarios y el Estado.
Fuente: El Nacional
Fecha: 27 de marzo de 2017