Restablecimiento de la democracia y la institucionalidad, desconocimiento al proceso electoral del 20 de mayo y preocupación por la alta migración venezolana se repitieron en cada uno de los discursos de los representantes de los estados miembros durante la 48 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Los estados miembros también mostraron su preocupación debido a la alta migración venezolana y los problemas que ocasionan, aunque se comprometen a seguir creando mecanismos para ayudar a los ciudadanos en tránsito.
La discusión sobre el tema de Venezuela fue incluida en el temario de la Asamblea General tras la aprobación de la presidencia, que recayó en el canciller Eladio Loizaga (Paraguay), y contó con la participación de casi todos los integrantes del Grupo de Lima, una organización que lleva adelante una resolución sobre el país.
La vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, manifestó que su país no puede reconocer los resultados del proceso electoral del 20 de mayo, donde resultó reelecto Nicolás Maduro, “cuando arrastra, desde antes de su convocatoria, graves vicios de legitimidad e incumple con los estándares internacionales mínimos de un proceso electoral pluralista, libre, democrático y transparente”.
Por su parte Jorge Faurie, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, aseveró que los países de la OEA tienen la tarea de “defender la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela, mediante la aplicación de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los DDHH”.
La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, señaló que seguirán manifestando su preocupación por la grave crisis política, social y económica venezolana, que se ve reflejada en la alta migración. Holguín también señaló que la crisis migratoria está creando un problema en el sistema de salud de la región muy grave. Aseguró que el gobierno de Colombia seguirá actuando con solidaridad para atender la migración y tratar de palear los problemas de estas personas”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolizio, también afirmó que la OEA “y los países hermanos tenemos el deber de actuar y contribuir a mejorar esta crisis con graves consecuencias migratorias y sanitarias”. Sobre el proceso del 20 de mayo, aseveró que carece de legalidad por haber sido convocado por una autoridad ilegítima, sin separación de poderes, sin observación internacional y sin la participación de todos los actores políticos.
Por último, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Crysthia Freeland, dijo que los países de la OEA tienen que ver cómo responder ante la crisis del país. Enfatizó que cuando un miembro de la OEA deja de adherirse “de forma descarada” a las reglas de la OEA es necesario responder con los mecanismos disponibles que posee la organización. “Debemos actuar de manera decisiva y expedita para lograr la restitución de la democracia”.
Con información de Tal Cual