Seis meses cerradas tienen las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en Venezuela desde que inició la pandemia. Abogados y parlamentarios, consideran que la medida es una «violación contra la identidad de los venezolanos», porque aseguran que no se justifica que los registros y notarías les permitan laborar en las semana de flexibilización de la cuarentena, mientras se clausuren las vías para tramitar cédulas o pasaportes.
«Estamos presos, atados de brazos para tener un documento de identidad. Los más afectados son los niños que esperan por su cédula nueva y toda persona que necesite hacer un trámite legal y tenga su identificación vencida», expresó José Gregorio Zaa, abogado.
El diputado a la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios, alega que la intención del gobierno es además impedir que las personas puedan tener un pasaporte para resolver sus problemas migratorios. «Desde inicios de 2020 el gobierno viene conspirando contra el derecho de identidad. Esto ocurre desde que se incrementó el precio del pasaporte nuevo o renovación, pues su costo está anclado al petro y es impagable para una persona que devengue salario mínimo», comentó.
Según el último ajuste que hizo el Saime al precio de un pasaporte nuevo en junio de este año era 39 millones 210 mil ocho bolívares, mientras que la renovación se tasa en 19 millones 494 mil 109 bolívares.
Para José Gregorio Zaa la medida también genera preocupación en aquella ciudadanía que espera la entrega de algún documento. «Ya las oficinas del Saime cuando laboraban diariamente presentaban un rezago de atención al público, que ahora empeorará», comentó.
Al jurista también le llama la atención el hecho de que a tres meses de unas elecciones parlamentarias, el Consejo Nacional Electoral no haya activado operativos especiales de cedulación. «En los últimos procesos que han sido un megafraude electoral, se han hecho operativos de cedulación relámpago en zonas dominadas por el PSUV», alegó.
Con información de La Prensa de Lara