Desde el momento en que la Asamblea Nacional Constituyente convocó elecciones presidenciales, diversos actores internacionales, entre presidentes, ministros y organizaciones, fijaron postura rechazando dicha convocatoria por no ajustarse a los estándares internacionales de una elección democrática.
En sus diversos pronunciamientos, alertaron al gobierno de Nicolás Maduro, sobre la posibilidad de establecer más sanciones si no detenían su cruzada electoral, a lo que quienes hoy gobiernan, y mantienen a Venezuela sumida en la peor crisis, hicieron caso omiso.
El proceso del #20May estuvo caracterizado por innumerables irregularidades, además de evidentes presiones hacia los electores, obligándoles a votar por la tendencia oficialista, según informes de ONG que monitorearon el proceso.
Luego de anunciados unos resultados electorales que para nadie fueron sorpresa, los pronunciamientos internacionales no se hicieron esperar. A la fecha -28/05/2018- más de 46 países fijaron postura rechazando los resultados, y exigiendo se convoquen elecciones libres, justas, democráticas y ajustadas a estándares internacionales. Igualmente a través de comunicados y pronunciamientos oficiales, algunas naciones redujeron relaciones diplomáticas, llamando a consultas a sus representantes en el país, y se establecieron sanciones financieras por parte de EEUU, y otras más por parte de la Unión Europea, entre otras.
Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene para el gobierno de Nicolás Maduro todas las sanciones impuestas luego del #20May?
La postura de presidentes, ministros y organizaciones evidencian que la comunidad internacional no va a retroceder en su determinación de establecer sanciones al gobierno de Maduro, ejerciendo de esta forma mayor presión y aislamiento, con la finalidad de que se genere un cambio en el rumbo del país.
En opiniones de expertos internacionales, la estrategia de EEUU es evitar que el Gobierno de Maduro siga usando recursos del Estado para fortalecerse. Sus sanciones están dirigidas a proteger los bienes de los venezolanos que están en territorio estadounidense, mientras que la Unión Europea ha sido más diplomática, y su postura ha estado dirigida a sancionar funcionarios y a castigar la violación de derechos humanos, y la inacción ante la mayor crisis humanitaria en la historia de Venezuela.
La comunidad internacional a través de estas acciones ejerce su rol de garante en la búsqueda de una salida democrática y un proceso de transición que le permita a Venezuela superar la profunda crisis que hoy mantiene a sus ciudadanos en condiciones críticas, y reestablecer todos los mecanismos democráticos que han sido pisoteados por un gobierno cuyo principal objetivo es aferrarse al poder.
Con información de El Estímulo
28/05/2018