El Inaesin informó que en los primeros siete meses del año 2021 se han registrado un total de 676 conflictos laborales en todo el país.
El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) contabilizó en julio 101 reclamos en el país, lo que significa un aumento de 28% respecto a los 79 casos registrados en el mes de junio, para un total de 676 conflictos laborales en los primeros siete meses de 2021.
Distrito Capital encabezó los reclamos con 34%, seguido de Bolívar (18%) y Lara y Anzoátegui, con 16% cada uno.
Los principales motivos de las quejas de los trabajadores estuvieron asociados a condiciones de trabajo (78%) y exigencia por mejoras salariales (75%).
El observatorio del Inaesin reportó un aumento en el número de conflictos en el mismo mes que fue promulgada la Ley de la Gran Misión Chamba Juvenil, y con la que «el régimen de Nicolás Maduro pretende garantizar la inserción laboral a los recién graduados».
«La ejecución de esta ley termina por robar el futuro a los jóvenes venezolanos, quienes han sido los que más han sufrido las políticas del chavismo», dijo Thaís López, coordinadora del Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Inaesin.
«La mayoría de los jóvenes que han migrado en busca de mejores oportunidades han dejado sus carreras universitarias o el bachillerato. Quienes se quedan sufren la precariedad de las universidades públicas sin presupuesto y escuelas en el abandono, mientras que profesores y maestros buscan otros medios para subsistir», señaló López.
De acuerdo con el registro del observatorio, en 93% del total de los conflictos del mes de julio estuvo involucrado el sector público. Como ha venido ocurriendo en los años más recientes, los sectores salud y educación dominan los reclamos laborales. En el caso de la educación, en julio, representó el 17% del total de conflictos de julio.
«El régimen no le da prioridad a este sector y con la nueva Ley de la Gran Misión Chamba Juvenil termina de restarle valor al estudio y al aprendizaje. Esta ley la asumen las autoridades como ‘el acceso de los jóvenes a empleos productivos’, sin que se ofrezca la debida preparación, dejando de lado al sistema de formación para el trabajo», indicó López.
Con información de Tal Cual