“La emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país se suma a los elementos que consolidan un entorno hostil y adverso. Las medidas represivas y de control social continúan siendo aplicadas como forma de represalia”, denunció el Centro para los Defensores y la Justicia.
El Centro para los Defensores y la Justicia informó que se registraron 46 ataques e incidentes de seguridad durante el pasado mes de agosto en Venezuela contra los defensores de derechos humanos.
Denunció, en su reciente informe Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, que la política de criminalización en contra de la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos en el país no ha cesado.
“Las personas defensoras se siguen enfrentando a la lógica del enemigo interno, mientras el Estado profundiza y perfecciona los mecanismos para reprimir, controlar y limitar el ejercicio de sus acciones”, señaló.
Advirtió la ONG que continúan los riesgos para quienes están en la primera línea de respuesta a la crisis social, política y de derechos humanos.
Dijo que la falta de compromiso del gobierno venezolano para cumplir con sus obligaciones internacionales de respetarlos, protegerlos y garantizarlos tiene como consecuencia la reducción del espacio cívico y democrático.
“La emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país se suma a los elementos que consolidan un entorno hostil y adverso para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. Las medidas represivas y de control social continúan siendo aplicadas como forma de represalia en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos”, afirmó.
También señaló la falta de investigaciones oportunas para el cese de la criminalización hacia quienes defienden y exigen derechos.
“Las labores de documentación, denuncia, visibilización y acompañamiento son esenciales para el fortalecimiento del estado de derecho y la democracia. Las actividades en pro de los derechos humanos y las acciones humanitarias deben ser promovidas y respetadas sin ningún tipo de represalia”, expresó.
“Reiteramos que el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos, así como la acción humanitaria, son primordiales para la protección de la dignidad humana. Es indispensable se generen mecanismos efectivos para el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos. y la protección de quienes los defienden”, añadió.
El Centro para los Defensores y la Justicia precisó que de las 46 ataques a los defensores de derechos humanos 37 sufrieron estigmatización, 6 intimidación y hostigamiento, 2 amenazas y 1 ataques digitales.
La ONG subrayó la sistematicidad de las campañas de estigmatización, amenazas y hostigamiento en contra de la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. Además de los señalamientos en perjuicio de las organizaciones Transparencia Venezuela, Amnistía Internacional y la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos.
Señaló que un total de 22 (48%) de los hechos los efectuaron funcionarios y miembros del Poder Ejecutivo; usaron sus perfiles en redes sociales, o declaraciones en medios de comunicación gubernamentales para estigmatizar, amenazar e intimidar.
Agregó que 12 (26%) de las agresiones las hicieron personas o agrupaciones afectas a los intereses políticos del Estado, miembros de los entes asociados o que conforman el Sistema Popular de Protección para la Paz. Señaló la organización, perpetraron principalmente amenazas, actos de intimidación y hostigamiento y se sumaron a las campañas de estigmatización.
La organización agregó que 9 (20%) de los ataques se perpetraron desde los medios de comunicación tradicionales y digitales del Estado y sus cuentas en redes sociales. Y, por último, 3 (6%) fueron responsabilidad de las Instituciones Públicas o entes del Estado.