Los diputados a la Asamblea Nacional por Aragua, Dinorah Figuera, de Primero Justicia, y por Táchira, Sergio Vergara y Gaby Arellano, de Voluntad Popular, rechazaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que se publicó el viernes pasado en la que se niega la liberación de los parlamentarios suplentes Renzo Prieto, Rosmit Mantilla y Gilberto Sojo, detenidos en la sede del Sebin, en el Helicoide.
Figuera tildó de aberración la sentencia. «Es un grave precedente porque la Constitución es clara en relación con la inmunidad parlamentaria. Vemos que se vulnera a cada momento el Estado de Derecho y se desdibuja la institucionalidad». Señaló que con el fallo quedó claro que no había autonomía de poderes. «Es una medida tomada por el PSUV. Es lamentable que quienes lucharon durante años por hacer respetar los derechos de los ciudadanos sean quienes se ponen al margen de la ley, divorciándose de todos los valores».
La ponente de la sentencia fue la presidente del TSJ, Gladys Gutiérrez, quien esgrimió que los parlamentarios electos no estaban aún en el ejercicio de sus funciones y que los delitos que se les imputan fueron cometidos antes de la elección, por lo que no gozan de inmunidad. «Así las cosas, mal puede amparar la inmunidad al parlamentario por la comisión de delitos cuya persecución se haya iniciado con anterioridad a su proclamación».
Para Sergio Vergara el dictamen es ilegal. «El TSJ no puede desconocer a diputados electos. Los parlamentarios tienen inmunidad desde su elección». Explicó que se están violando los derechos de los ciudadanos que los eligieron.
Sostuvo que hay antecedentes por los que parlamentarios debieron gozar de inmediato de inmunidad, aunque estuviesen siendo juzgados por cualquier delito. Anunció que acudirán a instancias internacionales.
Para Gaby Arellano el veredicto es una retaliación en contra de la Asamblea Nacional por la decisión que se tomó el jueves pasado, cuando se determinó dejar sin efecto la designación de los 13 magistrados principales y 21 suplentes escogidos por el PSUV en una sesión extraordinaria el 23 diciembre de 2015. «Es fraudulento, un ataque al Poder Legislativo. La presidente del Tribunal Supremo es un actor político y su decisión ensombrece aún más a la justicia venezolana».}
FUENTE: EL NACIONAL