El magistrado Maikel Moreno Pérez fue elegido por la Sala Plena como nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Es doctor en derecho constitucional de la Universidad Santa María y se desempeñó como Primer Vicepresidente del máximo tribunal y presidente de la Sala de Casación Penal desde el 11 de febrero de 2015.
Moreno sustituye a Gladys Gutiérrez como nueva cabeza del máximo tribunal del país.
El abogado ha recibido numerosos reconocimientos durante su trayectoria profesional, pero contradictoriamente su nombre ha estado presuntamente implicado en dos casos de homicidio, según un informe elaborado por el Observatorio Venezolano de la Justicia (OVJ).
La primera acusación contra Moreno data de 1987, cuando se desempeñaba como funcionario de la antigua Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Según el informe, fue señalado de ser responsable de la muerte de un joven en Ciudad Bolívar por lo que pagó pocos años de prisión.
Dos años más tarde, en 1989, mientras trabajaba como escolta del expresidente Carlos Andrés Pérez, el OVJ nuevamente señala su implicación en el mismo delito. Ese año lo inculparon por el asesinato de Rubén Gil Márquez ocurrido durante un tiroteo en el centro de Caracas. Fue destituido como funcionario de seguridad presidencial y detenido aunque luego se le otorgó el beneficio procesal de la suspensión condicional de la pena.
En el mismo informe que publicó la asociación civil se indica además que en 2007, el entonces magistrado Luis Velázquez Alvaray mencionó a Moreno junto con la destituida jueza Belkis Cedeño como integrantes de un grupo de jueces y fiscales que supuestamente manipulaban juicios y sentencias.
Ese año, Moreno fue destituido por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial (Decisión Nº 050-2007) por haber desacatado una decisión de la Sala Constitucional del TSJ, la cual ordenó su procesamiento y el de los jueces Iván Bastardo y Jesús Bravo. “Después de su destitución fue enviado por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y hoy presidente de la República, Nicolás Maduro, a puestos diplomáticos en Italia”, dice el informe.
En la Primera Vicepresidenta del TSJ quedó designada la magistrada Indira Alfonzo Izaguirre y el Segundo Vicepresidente el magistrado Juan José Mendoza Jover.
Experiencia jurídica
El TSJ reseñó que el nuevo Presidente del Máximo Tribunal es Doctor en Derecho Constitucional y docente universitario con al menos 15 años de trabajo jurídico en el país, además de diplomático representante del Gobierno venezolano en lugares como Italia y Trinidad y Tobago.
Señala además que Moreno es casado con la modelo venezolana Débora Menicucci con quien tuvo una hija en 2016, y señala que ha recibido al menos una decena de reconocimientos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entre muchos otros honores.
Tras su nombramiento, el magistrado Moreno aseguró que trabajará “24 horas al día” para acabar con la impunidad y la corrupción en el país.
“Este Tribunal Supremo de Justicia con mi dirección, al frente de este alto tribunal, vamos a continuar con la labor de la magistrada Gladys María Gutiérrez, igualmente unirnos todos los poderes públicos nacionales para el ataque a la corrupción, a la impunidad“, dijo desde el Supremo en el acto de nombramiento.
Sin embargo, las contradicciones curriculares en el máximo ente de interpretación y administración de justicia en Venezuela, no son nuevas. La organización Acceso a la Justicia realizó en 2016 una investigación para determinar cuántos magistrados cumplían con los requisitos de ley para ocupar el cargo.
Una de las mayores irregularidades se encuentra en la Sala Constitucional, en donde se analiza los casos más polémicos sobre la interpretación de nuestra Carta Magna. La ley venezolana dispuso que fuesen siete los magistrados que tengan la facultad de esclarecer las controversias; todos deben ser abogados de reconocida trayectoria y una honorabilidad intachable. Pero en la actual Sala, hay cinco juristas que no tienen los más de 15 años ejerciendo el Derecho que exige la ley.
Fuente: Efecto Cocuyo
Fecha: 27 de febrero de 2017