Ahora, más que nunca, los venezolanos debemos tener claro que para salir de esta pesadilla que estamos viviendo, tenemos que permanecer completamente unidos. Nuestra fuerza como pueblo unido es el arma más poderosa para obligar al gobierno a restablecer el hilo constitucional.

Y no estamos hablando únicamente de los derechos políticos, como es el de decidir por votos el destino del país, y por el cual seguiremos luchando. Sino que también este régimen nos ha violado derechos fundamentales como el de la alimentación y la salud, estos son irrespetados a diario. El primero con la epidemia de hambre que enfrentamos los venezolanos, ya que el 80% se encuentra en situación de pobreza de ingresos, y el segundo porque nuestro pueblo muere de mengua por la falta de medicinas.

El derecho que les faltaba cercenar era el de votar y también lo pisotearon suspendiendo el Referendo Revocatorio. Matar al Referéndum y además posponer las elecciones regionales para 2017, cuando legalmente se deberían ambos efectuar antes de finalizar 2016, descalifica la legitimidad, tanto del desempeño como del origen de este gobierno corrupto e incapaz, porque elegir es un derecho humano fundamental y una condición insustituible e indispensable para la existencia de la democracia.

Debe quedar claro que el desconocimiento de los principios democráticos establecidos en nuestra Constitución profundiza la crisis institucional y viola el Estado de Derecho, lo que constituye una ruptura del orden constitucional.

Para recuperar todos los derechos perdidos es necesario un pueblo organizado y movilizado, más aún porque el gobierno mantiene secuestradas todas las instituciones que deberían velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales.

Con todos los poderes, excepto el Legislativo, alineados con el pensamiento único de preservar a Maduro en Miraflores, la presión social es el arma que debemos desenfundar para luchar contra un gobierno antidemocrático.

En democracia se enfrentan adversarios que aceptan los mecanismos de búsqueda del mayor consenso posible, es decir, en elecciones libres y transparentes los contendores se miden y el pueblo ejerce la soberanía de escoger a sus gobernantes. En los regímenes autoritarios en cambio, y más cuando usan a la Fuerza Armada, la política es guerra y la oposición es el enemigo a destruir. Mientras en la Unidad asumimos al gobierno como contendor, en el gobierno nos asumen como enemigo, y para ellos “al enemigo ni agua”.

Los venezolanos nos enfrentamos a un proyecto autoritario, carente del más mínimo talante democrático, que justifica cualquier tipo de violencia para exterminar la disidencia política a fin de garantizar su permanencia en el poder.

Para esa lucha que estamos librando es clave la confianza entre los líderes y el pueblo, por eso insistimos en la unión. Una Unidad plural y perfecta es un punto a favor, cualquier fractura interna que tengamos es darle fuerza al gobierno, ellos lo saben y por eso actúan tratando de generar discordia entre los venezolanos. No pisemos ese peine.

No podemos, por ninguna circunstancia, pisar el peine de una confrontación violenta, porque el poder de las armas formales e informales las tiene el régimen. Nuestro poder, en cambio, está en la fuerza del pueblo y los votos.

Quienes queremos cambio somos una mayoría aplastante y el gobierno lo sabe. Somos más los que queremos cambiar a este gobierno, pero queremos hacerlo de forma pacífica, y eso pasa necesariamente por un llamado a elecciones. La única salida es ir a una confrontación no violenta para forzar una negociación y unas elecciones lo más pronto posible. Y en esto tenemos apoyo internacional.

La Unidad marcó una hoja de ruta basada en la Constitución, porque la única agenda que debe seguirse para lograr un cambio duradero es la del apego a nuestra Constitución. Además de la presión de calle que iniciamos con la Toma de Venezuela el pasado miércoles, la Asamblea Nacional acordó declarar la responsabilidad política de Nicolás Maduro.

El artículo 222 de la Constitución Nacional, contempla que el Parlamento, elegido mayoritariamente por el pueblo venezolano el pasado 6 de diciembre, tiene la potestad de ejercer su función de control mediante investigaciones y la interpelación de cualquier funcionario público en ejercicio de su cargo. En caso de hallarse una irregularidad o una falta en sus deberes, se declara la responsabilidad política.

Tenemos que tener claro que dentro del juicio por responsabilidad política se puede contemplar que fue quebrantado el orden constitucional al aprobar sin consentimiento del Legislativo los decretos de Estado de Excepción o el Presupuesto Nacional. Además, de todas las marramucias de las que se han valido para impedir el Referéndum Revocatorio.

Conforme al procedimiento legal, la Asamblea Nacional dispuso una comisión de legisladores para realizar las averiguaciones correspondientes, además produjo los debates en sesión parlamentaria y para este martes 1 de noviembre se citó a Maduro para que ejerza su derecho a la defensa, aunque lo más seguro es que no comparezca.

Nosotros no somos los violentos, esos están en Miraflores. Nosotros hemos seguido el camino constitucional, y ese camino nos ha permitido ser una mayoría como nunca antes y estar tan cerca de un verdadero cambio para nuestro país.

Es por eso que estamos dándole un plazo de rectificación al gobierno, con la ayuda y participación del Vaticano. Pero si el gobierno no retoma el hilo constitucional los venezolanos debemos presionar para que lo haga.

El próximo 3 de noviembre, el pueblo unido le notificará a Maduro en el Palacio de Miraflores el veredicto popular que no es otro que el de que tiene responsabilidad política en la crisis que estamos viviendo todos los venezolanos.

Y lo que debemos exigirle a Maduro, es que garantice el ejercicio del derecho a la participación política, mediante procesos electorales en el marco de la Constitución, ya que los mismos son las vías de resolución de la crisis social y política que vive el país.

Lo que tenemos que tener claro con todo esto es que la democracia no puede funcionar si no hay elecciones libres, ya que el pueblo tiene derecho a elegir sobre su futuro y 80% de los venezolanos quiere cambio.

Agradecemos la mediación del Vaticano para convocar un proceso de diálogo, sin embargo, reiteramos que esto no será posible hasta que se respeten derechos humanos que son innegociables. Los venezolanos hemos sido pacientes pero no podemos permitir que nos sigan violando nuestros derechos, y la Constitución es el arma para defenderlos. ¡Qué Dios bendiga a nuestra Venezuela!

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