En Venezuela, el país con el salario mínimo más bajo de toda la región (menos de $2), incluso por debajo que el de Cuba ($16), exigir un sueldo digno para cubrir las necesidades mínimas de alimentación, salud y vestimenta tiene un costo: ser perseguido, amenazado, despedido, jubilado forzosamente o hasta condenado a prisión.
De esto saben sindicalistas como Ronny Álvarez, quien lleva 8 años preso, y Rubén González, condenado a 5 años y 9 meses de cárcel por un Tribunal Militar, la segunda vez en ocho años que es sentenciado a estar tras las rejas.
Desde noviembre, cuando el gobierno detuvo, juzgó en tribunales militares y apresó en la cárcel de La Pica a González, secretario general del Sindicato de Ferrominera, más de 1.000 trabajadores y sindicalistas de la administración pública y de empresas del Estado han sido despedidos, aseguran dirigentes sindicales. Esto ocurre en un país gobernado por un “presidente obrero”.
Uno de los sindicalistas perseguidos y recientemente amenazado con ser despedido es José Bodas, operador de planta en Refinería Puerto La Cruz, con 31 años de servicio en la industria, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) y dirigente de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (Ccura).
Bodas a propósito de que desde agosto pasado el dirigente ha sentido cómo la persecución en su contra se ha recrudecido con insistentes amenazas de despido por parte de la estatal, aun cuando goza de inmunidad gracias al fuero sindical y a la inamovilidad laboral por pertenecer a la directiva de la Futpv.
¿Cómo han sido las amenazas?
-Han presionado, hostigado, amenazado y llamado tres veces en las últimas semanas al supervisor y al superintendente de operaciones de Refinería Puerto La Cruz para que me despidan. Hasta ahora se han negado a hacerlo porque saben que soy secretario general de la Futpv. Debo reconocer la valentía de ellos, que han sentido una terrible presión y hasta ahora no me han despedido.
-¿Por qué quieren despedirlo?
– La excusa es que supuestamente no he entregado un permiso que me da licencia para ausentarme de mi área de trabajo para participar en las actividades sindicales.
Pero yo soy un directivo de la Futpv. Según la convención colectiva, al ser miembro de la Federación gozo, mientras dure mi período como secretario general, de una licencia sindical para poder ausentarme del trabajo y cumplir en todo el territorio con mis responsabilidades como dirigente de los trabajadores
¿Cuáles han sido las luchas de los trabajadores petroleros?
-Desde el 1 de octubre de 2014 batallamos para que se realicen elecciones en la Futpv, y hasta ahora las han suspendido tres veces porque el Gobierno sabe que será derrotado contundentemente por la corriente Ccura.
Pero no solo luchamos por eso. Los trabajadores de la industria hemos protestado por los salarios, porque solo percibimos entre 15.000 y 20.000 bolívares semanales. También exigimos el derecho a la salud y a la alimentación. Hay semanas en las que solo sirven comida uno o dos días, y cuando lo hacen no es balanceada. Incluso en muchas otras áreas de la industria ya no están dando el servicio de comedores. Estas protestas han hecho que la persecución en mi contra se recrudezca.
¿El Gobierno también persigue a otros sindicalistas de la industria?
-Sí, esto está pasando con todos los que luchan, no solo dirigentes sindicales sino también trabajadores. Han despedido a delegados de prevención, trabajadores y sindicalistas por tener una posición en defensa de la convención colectiva.
También han jubilado prematuramente a trabajadores de 47 y de 52 años de edad, cuando en la industria petrolera los hombres se jubilan a los 60 años y las mujeres a los 55 años, además teniendo mínimo 15 años de antigüedad. Incluso han jubilado forzosamente a trabajadores que simpatizan con el Gobierno. Lo que están cobrando aquí no es que simpaticen o no, sino el compromiso que tienen los trabajadores con las reivindicaciones.
En la industria petrolera, todo aquel que luche por el salario, contra las tablas salariales, que denuncie el paquete antiobrero y antipopular del Gobierno, los salarios de hambre, las violaciones de los derechos a la salud y a la alimentación, la falta de medicamentos, y la situación en los comedores es despedido, jubilado o perseguido.
Con información de Tal Cual