Tres huelgas generales ha habido en el país: la de 1936, 1952 y 1958. La cuarta iniciará mañana, la cual ha sido convocada por los trabajadores, sindicalistas y confederaciones. La Unidad Democrática también llamó el sábado a un paro de 48 horas –miércoles y jueves.
Para los sindicalistas, más allá de la exigencia de un beneficio salarial, laboral, la huelga es un reclamo por la institucionalidad democrática que desde finales de marzo terminó de romperse. “Esto lleva a los venezolanos a la unidad nacional que pide el cumplimiento del mandato del 16 de julio con las tres preguntas votadas”, expresó Iván Freites, secretario de profesionales y técnicos de la Federación Única de Trabajadores Petroleros. Aunque prefiere no hablar de “huelga sin retorno”, asegura que esta “puede durar 10 minutos, tres días o más. Se levantará al momento en que se cumpla con lo que se decidió en la consulta popular”, sentenció.
El coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores, Servando Carbone, explicó que se trata de “una acción pacífica en la lucha no violenta. El movimiento laboral se ha trazado una huelga sin retorno hasta que se vaya Nicolás Maduro. No puede haber negociación detrás de la puerta”. Sostuvo que el paro cívico de la MUD y la huelga general “no colindan”. “La acción de la MUD es hacia la sociedad civil –incluso cuando el movimiento sindical se unió al del pasado 20 de julio–, entendido dentro los artículos 333 y 350 de la Constitución. La huelga general es un derecho consagrado en el artículo 91 de Carta Magna, en el convenio 87 de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley del Trabajo, la Carta Interamericana de Derechos Humanos”.
De acuerdo con Freites, participan el sector transporte, salud, educación, petróleo, electricidad, comercio, los privados, empleados públicos, universidades, gremios, religiones, Iglesia, estudiantes, la sociedad civil. “El pueblo sabe lo que va a hacer, está preparado para la huelga. Va a estar en la calle. Y será una huelga solidaria, quien no tenga comida, el vecino le dará. En el caso de los trabajadores petroleros, el gobierno recibirá una respuesta contundente”, dijo.
Carbone informó que la adhesión a la huelga también será progresiva: “Los estudiantes se van a pronunciar, los libertadores –resistencia– se van a manifestar, los factores sociales, los periodistas”. Y agregó: “A este régimen hay que arrinconarlo y la fuerza la tiene el pueblo. La gente tiene que abastecer sus necesidades básicas”.
El 12 de junio, los dirigentes sindicales prepararon un informe técnico que fue entregado a la OIT donde indicaban que estaban en víspera de una huelga general, a su vez, el organismo internacional comunicó esa decisión al gobierno de Venezuela.
Sin sanciones. “Este un llamado a todos los trabajadores. Al más del millón y medio de personas que han perdido sus puestos de trabajos. No permitiremos presión, coacción ni descuento salarial”, así lo manifestó Carbone, quien sostuvo que hoy debería ser aprobada por la Asamblea Nacional la Ley de Garantía para los trabajadores tras la convocatoria de huelga. “Es una ley de protección a los empleados públicos, transportistas, jueces, fiscales, empresarios, quienes puedan ser víctimas de acciones violentas por parte del régimen, para que esos daños puedan ser resarcidos. Tiene disposiciones sancionatorias a funcionarios que utilicen el mecanismo de los Clap para extorsionar con un fin político, que se traduce en pobreza y miseria. Los trabajadores no tenemos miedo”.
Para Freites, el documento está blindado para proteger a todos los trabajadores, sean indemnizados y restituidos sus derechos: “Es parte de la huelga. Se garantiza protección, no se puede despedir a nadie ni recortar el salario”.
La presidente de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, señaló que pese a que ellos no son convocantes de la huelga, están “en la disposición de acompañar al trabajador que decida sumarse a la protesta”. “No vamos a sancionar. Respetamos el derecho de los empleados de participar. El tema es que el derecho a huelga es algo contemplado en la Constitución, nosotros los empresarios no podemos sancionar a quienes decidan unirse”, dijo. Sin embargo, aseveró que al no tener trabajadores, no tendrán capacidad para abrir el establecimiento. “Lo malo es que el gobierno no entiende esa parte. El viernes pasado y el fin de semana trataron de sancionar a los comercios imposibilitados de trabajar el día jueves. Esta situación de ausentismo laboral no pareciera ser diferente en los próximos días”.
Sobre cómo harán frente a futuras sanciones por parte del gobierno, dijo que esperarán que el personal notifique su decisión si trabajan o no. De cualquier forma, para Uzcátegui “el país ya está paralizado. El desabastecimiento es generalizado”. “La industria a trabaja 30% de su capacidad, la siembra ha sido menor a 50%. Con la baja del poder adquisitivo, han disminuido su capacidad de acción. En Venezuela, decidir que un comercio puede pasar un día sin ningún tipo de venta es ya algo normal, así no haya paro cívico o huelga”, enfatizó.ç
Fuente: El Nacional
Fecha: 25 de julio de 2017