El asesor del sindicato de los trabajadores de la salud (Sirtrasalud) Falcón, Luis Miquilena, destacó que los trabajadores de salud se encuentran en la completa indefensión al no recibir ningún tipo de tratamiento médico y mueren la sala de emergencia a causa del COVID.19.
En este sentido, el Dirigente sindical de la salud, catalogo como una odisea en solicitar los medicamento para combatir el mortal virus a través de una sala situacional que a su criterio es “deficiente, incapaz e inconmovible en la realización de los trámites para que se entreguen los tratamientos del Covid, por cuanto estos nunca llegan y lamentablemente muere el paciente, iniciando otro proceso para darle cristiana sepultura porque no se les puede hacer el acto velatorio y pasan directamente al cementerio”.
Asimismo, añadió, que los familiares tienen que pagar a la funeraria como mínimo por traslado y ataúd la cantidad de 150 dólares y en el cementerio otros 150 dólares más para enterrar al difuento, lo que se convierte en angustia y desesperación por parte de los familiares que ven que tampoco el estado cubre parte de esos gastos impagables por el trabajador.
El derecho a la vida y a la salud es violentado permanentemente al no recibir un tratamiento oportuno para la recuperación del Covid, por el contrario solo “observamos a los perros de la guerra jugando con la vida de estos trabajadores y cuando no se pasan las estadísticas de los muertos y presumimos reciben el tratamiento que no entregaron a los difuntos, presumimos también que toman rumbos dudosos y aparecen vendedores de medicamentos contra el Covid como Rendisivir a 140 o 190 dólares”, así lo expresó Luis Miquilena.
En tal sentido, el sindicalista dijo, que el gobierno tiene que garantizar el tratamiento del COVID-19 a los pacientes del sector salud y aseguró que solo el 30% del personal sanitario ha recibido la vacuna mientras que la comunidad árabe y sus familiares ya recibieron las dos dosis de inmunización.
Finalizó diciendo que el sindicato Sirtrasalud ha nombrado una comisión que se encargará de conocer todos los casos de los trabajadores de la salud y los testimonios de sus familiares, para llevarlo a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía del Ministerio Público, para exigir la presencia de estos organismos en estos centros asistenciales, por cuanto se viene atentando contra el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a recibir la asistencia médica oportuna y gratuita.
Con información de La Mañana Digital