Al cierre de la 73 Asamblea General, pautada para hoy (30 de octubre), la Sociedad Interamericana de Prensa condenará la actuación del gobierno de Nicolás Maduro por amenazar, perseguir, cerrar y establecer un marco legal contra medios de comunicación y periodistas.
La SIP se reunió desde el 27 de octubre en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, para revisar cuál es la situación de la prensa desde Canadá hasta Argentina, el “fake news” o “noticias falsas” (la desinformación y la tergiversación de las noticias) que circulan en territorio estadounidense con la llegada de Donald Trump al poder, la lucha internacional contra la corrupción y los ataques cibernéticos.
La crisis de la libertad de expresión en Venezuela fue abordada primero por la Comisión de Libertad de la SIP, en la cual el editor-presidente de El Nacional, Miguel Henrique Otero, presentó un informe que revela el maltrato del Estado hacia los trabajadores de la prensa, el asedio a los medios y la deportación de corresponsales extranjeros; y luego, por el secretario de la OEA, Luis Almagro. En su discurso, el funcionario dedicó el Premio Chapultepec Libertad de Prensa a los 33 periodistas asesinados en el continente americano y a la prensa venezolana que, dijo, lucha contra la dictadura. El tema también se abordó en el foro “Democracia y Venezuela”.
En los últimos 10 años, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA ha documentado el sistemático ataque y deterioro a la libertad de expresión de Venezuela. “La única salida es la resistencia ante el autoritarismo y la no claudicación ante los embates. No se puede trabajar con las reglas de juego de las dictaduras”, dijo Almagro.
Rechazan “medios serviles”. El foro “Democracia y Venezuela”, efectuado ayer y que tuvo panelistas a representantes de los think tank Brookings Institutions y Center for Strategic & International Studies, con sede en Washington, y a Otero, sirvió para analizar la crisis económica del país, la preocupación del gobierno y el pueblo estadounidense sobre las democracias en las Américas.
“Fue aprobada la resolución sobre la crítica situación de la prensa venezolana en la Comisión de Libertad; este 30 de octubre será ratificada en la plenaria; es una condena total al gobierno de Maduro por cercenar las libertades, en especial la de expresión y comunicación”, afirmó Otero, quien agradeció el gesto de los medios integrantes de la SIP de estar pendiente de Venezuela.
En el informe de la SIP se denuncia cómo la publicidad del gobierno es usada como “un premio a los medios de comunicación más complacientes o serviles”; el aumento de las demandas judiciales por difamación, las amenazas a periodistas, el cierre de estaciones de radio y televisión, el bloqueo de sitios web y plataformas digitales, las detenciones arbitrarias y los juicios militares a periodistas. “Van de acciones sutiles hasta las formas más sangrientas de censura”, lamentó el editor de El Nacional.
La SIP condenó la detención de periodistas y que sean sometidos a la justicia militar, así como la deportación de dos periodistas franceses, de la agencia CAPA, de Jorge Lanata y Gabriela Donoso (Reuters).
La organización de editores de medios acusa al gobierno de sectarismo político: “El régimen no acepta el pluralismo político. Rememorando las prácticas del estalinismo, se ha llegado a declarar interdicto por demencia a un ex candidato presidencial, silenciando a una de las voces más lúcidas de la oposición y del periodismo. No hay ningún medio de comunicación, opinión o información que haya escapado a la censura”.
Al citar Informes de Espacio Público, Provea e IPYS, entre otras ONG, advierten que policías y militares agreden a periodistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos, y roban sus equipos para impedir que cubran las protestas contra el gobierno. “La policía y la Guardia Nacional han impedido a los periodistas realizar su trabajo. No se permite tomar fotografías en determinadas zonas, como en destacamentos policiales o formaciones policiales en la morgue de Bello Monte o en la Defensoría del Pueblo. Tampoco se pueden acercar a los edificios del TSJ o al CNE y, a veces, no se les permite cubrir actos en la Asamblea Nacional. Varios periodistas, fotógrafos y camarógrafos han sido expulsados de ruedas de prensa o no han sido admitidos. Bandas armadas han atacado las instalaciones de periódicos, plantas televisivas y radiodifusoras. Muchas agresiones contra la prensa cometidas por civiles armados por el gobierno, han ocurrido en presencia de la Guardia Nacional y su mirada complaciente”.
Publicado por El Nacional
30/10/2017