La SIP alertó que los cuerpos de seguridad en Venezuela impiden el tránsito de los periodistas y se producen arrestos a cualquier hora
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este miércoles 21 de octubre que en Venezuela las detenciones arbitrarias y la intimidación a los periodistas tienen «un carácter masivo e indiscriminado» porque ocurren en cualquier momento y no existen instituciones donde se pueda reclamar «porque los organismos están cerrados».
Así lo indicó la SIP durante la presentación de su informe anual en su 76° Asamblea General que se hizo de forma virtual, donde alertó que los cuerpos de seguridad en nuestro país impiden la libre circulación de los periodistas, ya que se registran retenciones y arrestos a las unidades móviles y a los reporteros de calle.
«Les amenazan, les roban sus teléfonos, les borran las imágenes o sonidos, los golpean y los detienen. Fueron decenas los periodistas que permanecieron secuestrados por días, sin que sus abogados o familiares reciban alguna información sobre su lugar de encierro y su condición de salud», destaca el informe de la SIP.
Además, recalcó que tanto la fuerza pública como «organismos paraestatales» -refiriéndose a los grupos civiles armados o colectivos- tienen la misión de crear miedo entre el gremio periodístico, recordando el caso del ataque a un periodista por un grupo de 20 personas encapuchadas que tenían armas largas y palos, que además le despojaron de sus pertenencias, indicó La Vanguardia.
Ese es el caso ocurrido el 7 de enero contra el periodista del diario El País, Francesco Manetto, quien fue agredido junto a otros comunicadores por el mencionado grupo en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, el mismo día donde una comisión enviada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, fue atacada por estos grupos ante la mirada de la Fuerza Armada Nacional.
Otros de los casos que la SIP recordó contra la prensa venezolana en 2020 como la muerte a manos de las FAES de los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, de Guacamaya TV, las amenazas contra el comunicador Luis Gonzalo Pérez, quien, el 1 de abril, «recibió amenazas en su teléfono de seis números distintos que mencionaban a su familia y su dirección».
Charito Roja, que trabaja en Unión Radio, recibió amenazas en sus redes sociales luego de ser mencionada por el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en su programa «Con el mazo dando», en el que suele amenazar e insultar a periodistas.
Otro periodista, Darvinson Rojas, fue detenido durante 12 días entre marzo y abril por informar sobre la pandemia y no revelar su fuente de las estadísticas de los casos de covid-19. Posteriormente, fue liberado con medidas cautelares.
También la detención de Elvis Rivas, Arnaldo Sumoza y el director de la emisora Tremenda105.7, Eduard Rojas, resaltaron en el informe de la SIP.
El «Informe Sombra» sobre libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información, publicado en julio pasado e incluido en el reporte de la SIP, también «denuncia el abuso sistemático del poder del Estado, agresiones violentas, ataques y amenazas, desinformación, falta de transparencia y censura».
Por ello, 2019 fue «el peor año para el periodismo». Durante esos doce meses, se emitieron 642 alertas, un 228 % más que el año anterior.
También resaltó lo ocurrido con Mimi Arriaga, coordinadora del portal 800Noticias, y a Marco Antoima por el supuesto manejo de cuentas anónimas en redes sociales. Estos profesionales de la prensa fueron incorporados en el «indulto» concedido por Nicolás Maduro a finales de agosto.
El último caso documentado es el del Correo del Caroní, en el estado Bolívar, que ocurrió el 20 de octubre y donde efectivos del Sebin allanaron la sede del diario y luego de llevarse a dos trabajadoras, las liberaron tras cinco horas de retenerlas en la sede de ese organismo en la entidad.
En mayo de 2020, la Organización Espacio Público presentó un informe en el que documentó las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela; las cuales han ido en aumento junto con la tensión política y social en el país. En el período comprendido entre el mes de enero y diciembre de 2019 se registraron 468 casos, lo cual significa un incremento de 21% con respecto al número total de casos registrados durante 2018.
Los 468 casos sumaron 1.049 denuncias de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión y son los segundos registros más altos desde el año 2002, mostrando el notable deterioro de las garantías de este derecho en el país.
Con información de Tal Cual