La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) conmemorará este miércoles el Día Mundial de la Libertad de Prensa en un foro en Miami y con un mensaje de preocupación por las crecientes restricciones al trabajo de los periodistas y la persistencia del “autoritarismo” en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El presidente de la SIP, el peruano Gustavo Mohme, señaló “la falta de protección de los periodistas para poder llevar a cabo su trabajo con seguridad y sin restricciones, y las numerosas denuncias de hostigamiento a la prensa que se manifiesta de varias formas y en muchos países” del continente americano.
Su mensaje por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra este jueves 3 de mayo, complementa el foro que celebrarán este miércoles la SIP, el Instituto Interamericano para la Democracia (IID), la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba y Fundamedios.
Mohme recordó en su mensaje que desde mayo de 2017, hasta la fecha, han sido asesinados 23 periodistas en el ejercicio de su profesión y se refirió también al “autoritarismo aún existente” en Cuba, Nicaragua y Venezuela y subrayó que por eso defendió ante la VIII Cumbre de las Américas, celebrada en abril en Lima, la necesidad de perseverar en la promoción de la democracia y en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos.
“Solo dejaremos de reclamar cuanto todos los nicaragüenses, venezolanos y cubanos tengan el derecho de elegir libremente a sus representantes, se respete la disidencia y puedan ejercer los derechos de reunión, movimiento y expresión”, afirmó.
Según el informe de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, en el último año, la situación de periodistas y empresas de comunicación venezolanas “ha empeorado sustancialmente” y “todos los indicadores que puedan revisarse presentan un deterioro alarmante”.
“En términos generales, si comparamos lo ocurrido entre abril de 2016 y marzo de 2017 y los meses siguientes con los hechos acumulados en este periodo, la conclusión es inequívoca, las agresiones se han multiplicado”.
Se resumen cinco conclusiones:
La primera, es que se está “ante una política de Estado”, porque las agresiones a la prensa “no ocurren de forma aislada o accidental”, sino que obedecen a “todo un plan concebido y ejecutado por unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en particular”.
También participan la Guardia Nacional (GN), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), así como otros cuerpos de seguridad e, incluso, “grupos de paramilitares y bandas de delincuentes que actúan violentando las leyes y el Estado de derecho”.
El informe denuncia, además, que “se están utilizando tribunales militares para encarcelar y enjuiciar a civiles, incluso a periodistas y a reporteros ciudadanos, lo que transgrede todas las normas de jurisdicción y de los derechos básicos de cualquier persona. En la esfera militar, los procesados ingresan en un túnel de desinformación, abusos, desconocimiento de los procesos y se producen graves situaciones de aislamiento”, agregó.
El tercer elemento es la participación de bandas paramilitares y grupos de delincuentes en los ataques a los periodistas. “Esta es una situación tan extrema que varios de estos delincuentes han sido fotografiados y filmados sin que ninguna autoridad reaccione ante las denuncias”, señala el informe.
Agrega que “el nivel de protección por parte del gobierno es tan alto que el 26 de febrero una de estas facciones realizó una demostración de su poderío y desfiló en Caracas con armas de alto calibre en total impunidad”.
En cuarto lugar, la SIP denuncia que el Poder Judicial “no reconoce el derecho a ejercer el periodismo y la libertad de expresión”, pues no castiga a los responsables de las acciones violentas contra medios y reporteros “y mantiene un silencio cómplice ante los hechos que, a diario, se producen”.
Finalmente, señala que el ensañamiento es tal que los hechos revelan “de manera elocuente” la instrucción a los uniformados para que “amenacen, insulten, amedrenten, golpeen, roben y detengan a los periodistas por cualquier causa o circunstancia. A los más afortunados les obligan a borrar fotografías, videos o audios, a otros les roban teléfonos móviles, cámaras de video o fotográficas y grabadores de audio”, añade.
Según el informe, estas y otras acciones “convierten el ejercicio del periodismo, el derecho y el deber de informar en una actividad de altísimo riesgo” en Venezuela.
Publicado por El Pitazo
02/05/2018