Entre septiembre de 2019 y septiembre de este año hay 28 nuevos casos de persecuciones a dirigentes sindicales
La situación de organizaciones sindicales ha empeorado pese a recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), asevera en un informe el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLIS), realizado en conjunto con la ONG Provea. Aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro no ha tomado en cuenta las recomendaciones hechas, y, durante el último año, la persecución, las amenazas y la intimidación se han seguido dando por parte de funcionarios del Estado.
Indica que, hasta el 30 de septiembre de este año, hay por lo menos cinco trabajadores privados arbitrariamente de su libertad y más de 100 sometidos a régimen de presentación. Entre septiembre de 2019 y septiembre de este año hay 28 nuevos casos de persecuciones a dirigentes sindicales
«La situación ha empeorado y las principales prácticas de agresión documentadas son las detenciones arbitrarias, las agresiones violentas contra sindicalistas, asambleas, acciones colectivas de carácter sindical y contra sedes sindicales; la intimidación a través de prácticas de acoso y hostigamiento, citaciones de las autoridades policiales, órdenes de aprehensión, amenazas telefónicas, despidos, sanciones y suspensión de salario. El gobierno tampoco ha tomado ninguna de las medidas solicitadas para investigar de manera parcial la violencia sindical».
Afirman que el gobierno tampoco se ha resarcido de manera económica o moral a los dirigentes sindicales detenidos ilegalmente. Como ejemplo, señalan el caso de Rubén González, sindicalista preso por sus actividades legítimas, e indultado el pasado 31 de agosto, junto a decenas de presos políticos y diputados. «Nada se ha dicho de la reparación que se le debe a González por las penurias personales y familiares a las que su sometido durante su detención y cautiverio, y el antecedente es que no ha recibido todavía ninguna reparación por el primer y accidentado proceso penal al que ya había sido sometido».
En el informe, refieren que otra recomendación de la CE-OIT es la liberación de Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera, detenido por sus actividades sindicales legítimas y recluido en la cárcel de El Rodeo II, en Guatire, estado Miranda, a más de 600 kms de su casa en Ciudad Piar, estado Bolívar. «Ya son nueve años preso por un crimen que no cometió y sin juicio, hasta ahora. El lunes 10 de febrero de este año, se reinició el juicio, después de ocho interrupciones y 25 audiencias preliminares».
«El Estado venezolano no promueve, estimula, ni ejecuta acuerdos por las vías legales; no se discuten las convenciones colectivas en el sector público, y en el sector privado hemos detectado una peligrosa tendencia a sustituir el contrato colectivo por contratos individuales, con anuencia de las inspectorías del trabajo. El gobierno ignora, desconoce y agrede a las organizaciones sindicales legítimas y mayoritarias. El gobierno es cada vez más autocrático, sin autonomía de poderes, como se desprende de las conclusiones de la Misión Internacional independiente de determinación de hechos y de lo detectado en este boletín«, agregan el OVLIS y Provea.
Con información de Tal Cual