Pilas de sacos con escombros, una fachada a medias, áreas tanto médicas como administrativas desmanteladas y un estacionamiento lleno de huecos es lo que queda del hospital Dr. Leopoldo Manrique Terrero. El centro de salud, también conocido como Periférico de Coche por su ubicación en el suroeste de Caracas, fue cerrado el 8 noviembre de 2018 por una remodelación, ordenada luego de que explotara uno de los transformadores que surtía de energía eléctrica a la edificación.
Originalmente, las obras debieron culminar en marzo, pero los reiterados cambios de directiva y la opacidad con la que se ha manejado su ejecución ocasionaron que los trabajos fueran pospuestos cinco veces. Hasta la fecha de la publicación de este trabajo no existe siquiera un lapso tentativo de entrega de las labores que garantice la reapertura.
La denuncia fue realizada por Zuleika Pérez, dirigente sindical del Periférico de Coche y quien hasta el día del forzado cierre trabajó como enfermera por más de diez años ininterrumpidos en esa institución. Pérez rechaza el retraso y la falta de celeridad en la rehabilitación de las áreas derribadas de forma injustificada, según afirmó.
«No se justifica que hayan demolido casi todas las áreas del hospital, cuando la explosión ocurrió en el sótano», recriminó. Ni camas ni mobiliario ni equipos médicos quedan dentro del centro asistencial, que es el único en su tipo en la zona y en el que se atendía a unas 2.000 personas por día.
«La remodelación empezó con retraso, un mes después de la explosión. Sin previo aviso el antiguo director mandó a sacar el mobiliario, los suministros y los equipos y nunca se nos informó a dónde se llevarían. No hay ningún departamento apto para recibir pacientes. Todo es escombros», relató.
Opacidad total
Pérez y Zambrano denunciaron que todo el año que ha transcurrido desde el cierre, ni la comunidad ni los trabajadores conocen el nombre de las tres empresas que han realizado trabajos ni los montos aprobados para la realización de las reparaciones, que han incluido desde reemplazo de cerámicas hasta repavimentación del piso del estacionamiento. Todos en fase preliminar.
«Al principio se conoció que eran tres empresas a las que se les asignaron espacios diferentes, supuestamente para agilizar los trabajos. Dos de esas han suspendido varias veces las obras por falta de pago. Nunca hemos sabido sus nombres ni de cuánto es la inversión», indicó Pérez.
Esta omisión contraviene lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, en el que se estipula la obligatoriedad de que los nombres de las empresas y fondos asignados sean de conocimiento público mediante la instalación de vallas. «Todas las entidades político- territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular deberán garantizar la instalación de vallas que faciliten la identificación de los proyectos de obras aprobados», estableció la referida norma.
El objetivo de las vallas, que deben instalarse en los primeros diez días hábiles luego de iniciado el trabajo, es «garantizar la contraloría social y la supervisión de los proyectos», como dispuso el reglamento, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.603.
Con información de El Pitazo