Los brotes de malaria y sarampión en poblaciones indígenas de los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas mantienen una tendencia a la alza desde 2017, año en el que se registró la reaparición de ambas enfermedades tras más de casi 30 años controladas.
En el primer trimestre de este año las comunidades indígenas de Hacha Meru, Hacha Ken, Wamewaken, San José de Wadamapa y Parkupik del sector Ikabaru de la parroquia Ikabaru del municipio Gran Sabana en el estado Bolívar, reportaron nuevos brotes de malaria. De esos solo en el pasado mes de marzo se registraron entre 60 y 80 casos de esta enfermedad, de acuerdo con el informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación Civil Kapé Kapé.
A juicio de Armando Obdola, presidente de la mencionada ONG, estos hechos confirman no solo que el Ministerio de Salud no ha contralado la enfermedad, sino que revela la falta de políticas públicas de prevención en materia de salud, derivado del “desmantelamiento” del sistema asistencial en las referidas entidades.
“La falta de políticas públicas en materia de salud, educación, control de la minería ilegal, las fallas en la defensa de la frontera y seguridad, ponen en peligro la subsistencia de los pueblos indígenas”, señaló.
Muerte y opacidad
El aumento de cuadros de diarrea, deshidratación, desnutrición, tuberculosis, infecciones respiratorias, anemia, neumonía y obstrucción intestinal son otros de los padecimientos más recurrentes en las comunidades de los tres estados con población indígena del sur y oriente del país.
No obstante, la presencia de la malaria es un factor común invariable. En algunos caseríos del estado Amazonas, el avance de la enfermedad, también conocida como paludismo, ha afectado a más de un cuarto de la población, reveló Juan González Pérez, vocero del consejo comunal de la comunidad indígena Huottoja “Betania Topocho” a la ONG. Entre enero y la primera semana de abril, se reportaron 326 casos de malaria, en esta comunidad de 872 habitantes, lo que representa 37,3% de la población.
Obdola enfatizó que las dificultades en el acceso a la información oficial no permite conocer la evolución de esa y otras epidemias, lo que los obligó a desarrollar un método de recolección de datos en el campo, mediante entrevistas a voceros de consejos comunales y encargados de los recintos de salud, para mantener el registro.
Con información de El Pitazo