Una privatización «silenciosa» se ha venido gestando ante la ineficiencia y la poca capacidad que tiene el Estado de sostener lo público en buen servicio.

La Prensa de Lara

La ineficiencia del funcionamiento de los servicios públicos en el estado Táchira, ha llevado a que los andinos tengan que repagar por los mismos gestándose así una «privatización silenciosa» de lo público a través de empresas privadas que abiertamente ofrecen el servicio en divisas.

Así lo confirma el economista Aldo Contreras, quien indicó que el Gobierno lleva a cabo una privatización «silenciosa» y «selectiva» de los servicios a través de empresas paralelas, ante la incapacidad de poder mantener aquellos subsidios que han tenido por años el gas, el combustible, la luz, el agua, entre otros.

Esto representa un golpe al bolsillo de las personas, quienes ven cuesta arriba sacar altas sumas de dinero para poder cancelar el costo de los bienes porque muchos de ellos no reciben un sueldo en divisas. Ante esto, el especialista en economía consideró que en el estado Táchira se ha institucionalizado un salario en 60 dólares o lo equivalente a 220 mil pesos, el cual es percibido por el 20% de los ciudadanos en la región.

Según el censo de 2011, la entidad cuenta con 1 millón 255 mil 896, de los cuales se estima que 300 mil emigraron hacia Colombia y otras naciones, quedando menos de un millón. «De esos, 300 mil estarían en San Cristóbal y sólo un 30% se cree que tiene un salario en divisas, el cual no supera el sueldo estipulado en estándares internacionales que es de 300 dólares mensual», refirió el experto.

Afirmó Contreras que con esto se abre aún más la brecha de desigualdad en la población, donde una persona pensionada o que gane un salario máximo de 10 dólares al mes no pueda acceder a ciertos servicios debido a su costo. A su juicio, la población activa de la administración pública que es 14 millones de ciudadanos se encuentra en situación de pobreza.

«El estado Táchira tiene dos realidades distintas. Están quienes sí pueden pagar por servicios públicos «privatizados», y quienes su presupuesto no les alcanza para ello».

La señora Nora Bustos, quien se dedica a la venta de café y chocolate en el sector de Barrio Obrero, le ha tocado repagar el gas. Ha pagado más de 30 mil pesos por una bombona de gas de 10 kilos. «Nos toca repagarla porque a mi zona no llega el gas desde hace tiempo y pues lo necesito para salir a trabajar todos los días, para tener el dinero y poder comprar la comida de mi casa», dijo. De acuerdo a Gas Táchira, el valor protegido (CLAP) para una bombona de 10 kilos es de 40 mil bolívares; la de 18 Bs. 72 mil; 27, Bs. 108 mil; 42, Bs. 172 mil. El plan unicipal tiene un costo para un cilindro de 10 kilos Bs. 420 mil; 18, Bs. 756 mil; 27, Bs. 1 millón 134 mil; 43, Bs. 1 millón 806 mil.

Mientras tanto, María Zambrano, quien reside en un edificio de la ciudad capital, destacó que poco dura el gas a granel en su residencia, por lo cual vecinos se han visto obligados a recurrir a Muferca (empresa privada del gas), donde los costos en pesos son mayores. «Nos toca reunir el dinero para que el camión vaya y nos surta. Es la única manera para tener gas en el edificio, cuando no hay, nos toca preparar los alimentos con cocinas eléctricas y esto representa un eligro por los accidentes que se han presentado».

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Con información de La Prensa de Táchira

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